Clarita Rossell, lideresa del Territorio Indígena Multiétnico TIM, se prepara para encuestar a dirigentes de Santa Ana de Moseruna, en la Amazonía sur, sobre el ejercicio de los derechos humanos y los derechos colectivos en esa comunidad. Así como ella, veinticinco mujeres promotoras en derechos indígenas están listas para levantar esa información en distintas comunidades.
La información se levantará en los próximos días en comunidades del Territorio Indígena Multiétnico (TIM) y el Territorio Indígena Mojeño Ignaciano (TIMI) en el marco del Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas (ODPIB).
“Vamos a conocer qué tanto saben las autoridades de nuestra comunidad sobre los derechos que tenemos como comunidad, cómo es el vivir de cada comunidad, a qué se dedican, sobre medicina tradicional, gobernanza, si los derechos son respetados por el gobierno o no”, dice Rossel.
Todas fueron capacitadas en aspectos conceptuales y en el uso de la aplicación tecnológica para levantar la información. El martes 7 de mayo recibieron sus materiales para comenzar su tarea que se extenderá por tres o cuatro días.
Las mujeres tienen la tarea de entrevistar al corregidor, a la presidenta de la organización de mujeres y a una tercera person que puede ser otro representante e incluso personal de salud.
“Santa Ana de Moseruna es multiétnica, en ella habitamos tres etnias: Chimán, Movima y Mojeña Ignaciana. Gracias a las gestiones que hacen las autoridades, tenemos los tres niveles de educación, kinder (inicial), primaria y secundaria, y tenemos una posta de salud aunque no está equipada”, describe Rossell.
Gaby Justiniano es de la comunidad Mercedes del Apere y es la secretaria de organización de la Subcentral de Mujeres del TIM. “Me ha tocado ir a la comunidad Monte Grande del Apere, vamos a encuestar a las autoridades, al corregidor, a la presidenta de la organización de mujeres y a un líder varón”, dice.
“La encuesta es para ver qué tanto conocen de su misma comunidad, del territorio y como se están ejerciendo los derechos en esa comunidad”, explica Justiniano, y asegura que el entrenamiento le permitió manejar con confianza la aplicación para encuestar.
Los resultados se procesará en el Observatorio de Derechos de Pueblos Indígenas de Bolivia (ODPIB), una herramienta del CEJIS para recopilar información especializada en derechos de los pueblos indígenas y acompañar casos emblemáticos por la violación de los derechos colectivos. En 2021, una encuesta recogió percepciones de las mujeres indígenas del norte de la Amazonía sobre la situación de sus derechos, esta información fue la base para la posterior construcción de la agenda para la gestión estratégica de la Organización de Mujeres Indígenas del Norte Amazónico de Bolivia (OMINAB).
Rosalía Jau Guataica es otra promotora que vive en San Ignacio de Mojos, y le ha tocado trabajar en otra comunidad con la encuesta. Ella comenta: “No conozco Santa Clara, es la primera vez que voy a ir. Aparte, es una forma de conocer nuestro territorio. Sé que es una comunidad pequeña, con unas treinta familias, está un poco alejada, es inaccesible en estos momentos”.
En cambio, Belsa Muiba Guarayuco no tendrá que salir de su comunidad San José del Cabito para aplicar las encuestas porque lo hará allí mismo. «Lo que queremos saber es cómo se vivía antes, qué producían, cómo era el clima, y si ahora es lo mismo o no, o ha habido cambios. Es la primera vez que veo que se va a hacer en las comunidades, es la primera vez que como comunidades estamos participando”, dice.
Líderes históricos indígenas de tierras bajas, autoridades y exautoridades estatales, responsables de organizaciones no gubernamentales e investigadores y académicos responden al cuestionario nacional del Navegador Indígena para elaborar un perfil del país respecto al estado de situación de los derechos humanos en pueblos indígenas.
El proyecto del Navegador Indígena en Bolivia está próximo a emitir resultados sobre las encuestas en comunidades indígenas que dan cuenta del ejercicio de sus derechos humanos en el país. En este caso se levantaron 19 encuestas que fueron respondidas colectivamente en igual número de comunidades en los territorios de Monteverde y Lomerío, en la región chiquitana.
Una segunda parte del Navegador es la encuesta nacional que se aplica a actores con conocimiento del tema o vinculados a los pueblos indígenas. Para este caso respondieron a las preguntas, por ejemplo, las asambleístas departamentales Nélida Faldín y Bertha Bejarano, por un lado, y académicos con experiencia en la problemática indígena a nivel nacional, por otro.
Al examinar la legislación, las políticas y los programas, el cuestionario nacional ofrece una visión general de la situación de los pueblos indígenas en el país. Además, mide los avances desde las instancias estatales para cumplir con los compromisos de derechos humanos en general y particularmente los derechos de los pueblos indígenas a través de programas, políticas públicas, asignaciones presupuestarias, etc.
Esta encuesta está en pleno avance y se prevé la participación de una treintena de actores que respondan desde su conocimiento sobre los derechos reconocidos en las normas, la aplicación de las recomendaciones de Naciones Unidas, la vulneración de derechos, el autogobierno, además de los aspectos relativos a la calidad de vida de los pueblos indígenas, por ejemplo en aspectos de la salud y la educación, entre otros.
Aunque los resultados de esta encuesta nacional se conocerán al finalizar el mes de julio, la información preliminar refleja la preocupación desde los líderes indígenas sobre el acceso y la tenencia de la tierra frente a las presiones permanentes generadas a partir de las políticas gubernamentales, así como de acciones particulares como los avasallamientos.
Reunidos alrededor de una mesa, intercambiando información y opiniones facilitadas por una moderación, 308 comunarios y comunarias de los territorios indígenas de Monte Verde y Lomerío respondieron colectivamente a preguntas sobre el ejercicio efectivo de sus derechos en el cotidiano. El acceso al agua es una deficiencia central identificada en todas las comunidades visitadas en las que se llenaron 19 encuestas colectivas durante 2023.
La encuesta es parte de la iniciativa Navegador Indígena que es “un conjunto de herramientas desarrollada para y por los pueblos indígenas para monitorear sistemáticamente el nivel de reconocimiento e implementación de sus derechos”. Los datos recogidos estarán disponibles en la web del proyecto para su consulta.
Los territorios Monte Verde y Lomerío están ubicados en el departamento de Santa Cruz, en la región del Bosque Seco Chiquitano, que ha sufrido consecutivamente por los incendios forestales en los últimos años, sequías y, en el otro extremo, también con heladas que afectaron las escasas plantaciones de sus pobladores. Ambos territorios están próximos a las actividades agroextractivas de soya y de crianza de ganado para el mercado nacional e internacional, y se ha constituido en un sector de propietarios que también presiona de distintas formas a los territorios.
Vea las encuestas comunitarias elaboradas en 2018
En ese panorama, las comunidades chiquitanas consultadas por las encuestas mencionaron con énfasis la dificultad del acceso al agua, lo cual significa una vulneración a un derecho fundamental reconocido en la Constitución Política.
Los resultados de la encuesta están en su última fase de procesamiento, y serán de libre acceso en junio de 2024, cuando se conozcan los derechos de los pueblos indígenas con mayor nivel de vulnerabilidad en estos dos territorios.
Las comunidades chiquitanas que viven en Monte Verde y Lomerío respondieron en temas sobre integridad cultural; tierras, territorios y recursos naturales; derechos y libertades fundamentales; participación en asuntos públicos; protección legal, acceso a justicia y a remediación; contacto transfronterizo; libertad de expresión y de medios de comunicación; desarrollo económico y social general; educación, salud, empleo y ocupación; autodeterminación; y disfrute general de los derechos humanos y las libertades fundamentales.
Vea las encuestas nacionales elaboradas en 2018
En el proceso de levantamiento de datos participaron 196 mujeres y 112 de hombres, respondiendo a las encuestas, la mayor parte de estas personas (267) están en el rango de los 18 a 49 años. Paralelamente algunas participantes fueron capacitadas en el uso de herramientas de seguimiento a la iniciativa Navegador Indígena.
La Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) niega información sobre autorizaciones y contratos de operación minera en territorios indígenas a las autoridades y organizaciones que demandan saber cuál es la dimensión de la presencia de esta actividad extractiva en sus territorios.
En septiembre pasado, ante la creciente problemática de la minería en territorios indígenas del Oriente, Chaco y Amazonía, la Central Indígena de Comunidades Originarias de Lomerío, la Central Indígena Paikoneka de San Javier, la Central de Pueblos Étnicos Mojeños del Beni (CPEMB), el Gran Consejo Chimán, la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG), la Subcentral de Pueblos Indígenas Movima (SPIM) y la Central Indígena de la Región Amazónica de Bolivia (CIRABO) presentaron solicitudes de información a la AJAM.
En cada caso, el objetivo de la solicitud es obtener información “acerca de autorizaciones transitorias especiales, áreas de operación minera, solicitudes de contratos administrativos mineros y licencias de prospección o reservas mineras” que se encuentren dentro de las jurisdicciones municipales que se sobreponen a territorios indígenas. Los territorios en cuestión son el Territorio Lomerío, Territorio Monte Verde, Territorio Guaraní Charagua Norte, Territorios Movima I y II, Territorio Indígena Tsimane, Territorio Mojeño Ignaciano y Territorios Chácobo Pacahuara, Cavineño, Tacana Kavineño y Multiétnico II.
La solicitud de información de las autoridades indígenas apela al artículo 24 de la CPE: “Toda persona tiene derecho a la petición de manera individual o colectiva, sea oral o escrita, y a la obtención de respuesta formal y pronta. Para el ejercicio de este derecho no se exigirá más requisito que la identificación del peticionario”.
Una resolución fantasma
A dos meses de esta solicitud, la AJAM no ha respondido de manera formal a las autoridades indígenas. Sin embargo, por vías no formales (explicación de funcionarios) rechazaron las solicitudes señalando la existencia de una resolución administrativa cuyo contenido tampoco se puede conocer.
Supuestamente emanada de la Resolución Administrativa AJAM/DJU/RES-ADM/9/2023 figura una nómina de contenido público: Catálogo de Servicios y Productos de la AJAM. Esta lista establece la “Suspención (sic) de la emisión servicios de Cartografía con código SC-12 al SC-24 y la emisión de Certificados de Registro Minero C-02 y C03”. Esto implica mapas mineros de nivel nacional, departamental y municipal.
La solicitud de información de las autoridades indígenas significa la compra de este insumo, como ha sucedido en anteriores oportunidades, y este es un hecho establecido para el público en general que se debe ejecutar en el lapso de cinco días.
“Este hecho es una violación a los derechos de los pueblos indígenas porque quiere decir que no pueden saber qué es lo que está pasando en sus territorios. Una resolución administrativa no puede estar en contra de los mandatos de la Constitución”, dijo Micaela Noriega, abogada del Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (CEJIS).
Esto sucede además después de que el 22 de abril de 2021 entrara en vigencia en Bolivia el Acuerdo de Escazú que garantiza el acceso a información pública, la participación de la sociedad y el acceso a la justicia en asuntos ambientales.
Vulneración al derecho de acceso a la información
La decisión de la AJAM vulnera no solo la Constitución Política del Estado, sino que al mismo tiempo es contraria a las previsiones del mencionado Acuerdo de Escazú, ratificado por el Estado Plurinacional en 2019 y puesto en vigencia en 2021.
El director ejecutivo del CEJIS, Miguel Vargas, explica que las comunidades indígenas se ven seriamente afectadas en su derecho a vivir en un medio ambiente sano a consecuencia de la presencia de actividades mineras, por lo que sus organizaciones requieren acceder a información sobre ese tópico para enfrentar los impactos. Por ello, la decisión de la AJAM contraviene al artículo 5 del Acuerdo de Escazú, el mismo que obliga al Estado boliviano a garantizar el derecho de la población a acceder a la información ambiental en el marco del principio de máxima publicidad.
En el marco del Acuerdo de Escazú, el derecho al acceso a la información ambiental comprende: a) solicitar y recibir información de las autoridades sin mencionar interés especial ni justificar las razones por las que se solicita; b) informarse en forma expedita sobre si la información solicitada está o no en poder de la autoridad competente que recibe la solicitud; c) informarse del derecho a impugnar y recurrir la no entrega de información y los requisitos para ejercer ese derecho.
Ante un evidente problema de salud en las comunidades indígenas por la contaminación de la minería del oro en los ríos amazónicos, el Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (CEJIS) y el Centro de Documentación e Información Bolivia (CEDIB) convocaron a un taller para analizar los “Impactos del mercurio en la salud” ante un auditorio formado por representantes indígenas y de distintos niveles de gobierno, además de funcionarios de salud. (más…)
Un total de 93 jóvenes indígenas de comunidades de la Amazonía norte y sur, la Chiquitanía y el Chaco de Bolivia unieron sus voces en un manifiesto que demanda inclusión, la gestión sostenible de sus territorios y los espacios de capacitación sobre derechos colectivos indígenas. La propuesta de 12 puntos es el resultado de dos jornadas en las que evaluaron los impactos del cambio climático, las amenazas y presiones en sus territorios y las respuestas que podrían paliar esas adversidades.(más…)
Jóvenes indígenas de tierras bajas se reunirán este 10 y 11 de octubre para pensar y evaluar su rol frente a las presiones políticas, económicas y ambientales que viven sus territorios en la Amazonía norte y sur, la Chiquitanía y el Chaco. El encuentro denominado “Territorios, gobernanza y transformaciones” está impulsado por el Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (CEJIS) en el marco de la Alianza por los derechos ambientales y territoriales.(más…)
La sequía que antes era cíclica ahora es permanente en los territorios de Lomerío y Monte Verde, en la Chiquitanía boliviana. Por tanto, el derecho de acceso al agua está restringido para su población, según verificó la encuesta del Navegador Indígena aplicada este año en varias comunidades de la región.(más…)
Ante la demanda de los pueblos indígenas del norte de La Paz representado por el CPILAP, la justicia boliviana ordenó detener la actividad minera que no tenga licencia ambiental para operar en los ríos Beni y Madre de Dios en ese departamento, así como en cinco de sus afluentes, por considerar que se vulneran los derechos de los pueblos indígenas de la región tanto en términos de la salud pública, por la contaminación con mercurio, como en el aspecto de la integridad territorial y la consulta previa libre e informada.(más…)
La persistencia de las comunidades del Territorio Indígena Multiétnico (TIM), en más de una década de buscar su autonomía, se vio coronada en el Encuentro de Corregidores del pasado 23, 24 y 25 de julio cuando pudieron elegir a sus autoridades del órgano ejecutivo y la asamblea legislativa. Un joven ignaciano, Alfredo Matareco, fue elegido como el cacique del nuevo gobierno indígena.(más…)