Las y los más de 160 representantes de las organizaciones indígenas, campesinas y de la sociedad civil de la Amazonía Norte y Sur, la Chiquitanía y el Chaco de Bolivia que participaron en el Pre Foro Social Panamazónico, emitieron la Carta de Trinidad, con 10 puntos que ratifican la resistencia y defensa de sus derechos colectivos ligados a la Amazonía.
El informe, publicado bajo la coordinación del Instituto para el Desarrollo Rural de Sudamérica (IPDRS), analiza la situación del acceso a la tierra y territorio durante la gestión 2020, año en el que impactó sobre el mundo el nuevo coronavirus SARS-CoV-2. Las medidas de restricción asumidas por los gobiernos no detuvieron la incursión extractivista en los territorios, el desarrollo de megaproyectos de infraestructura, etc., y tampoco la proliferación de incendios forestales en la Amazonía. Las comunidades campesinas e indígenas tuvieron que alternar sus actividades de control territorial para la prevención del COVID-19, con las brigadas contra incendios y las labores cotidianas. Y Bolivia no fue la excepción.
Este documento aborda abordan los distintos factores que han influido en proceso de construcción de la Ley de la Madre Tierra: antecedentes de su tratamiento y estableciendo algunas máximas que orientaron la intencionalidad de las organizaciones sociales para los contenidos, alcances, repercusiones y usos políticos de la norma, ello en contraste con la vocación política gubernamental que posibilitó una aprobación similar a su construcción. También incluye una descripción analítica sobre los pormenores de la construcción de la ley, en donde se toman en cuenta a las y los actores, enfoques, objetivos y mecanismos de relacionamiento político utilizados para llegar a un acuerdo con el legislativo para su promulgación.
El trabajo es un esfuerzo conjunto entre la Confederación Nacional de Mujeres Indígenas de Bolivia (CNAMIB) y el Consejo de Mama T’allas que sistematiza el conjunto de violaciones a los derechos de los pueblos indígenas que no solo contiene los casos que se registraron en 2016, sino también en años anteriores y en la mayoría de los casos no han sido resueltas.
Esta nueva edición de la separata Artículo Primero, del Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (CEJIS), llega con la temática: “Elecciones Generales 2020, participación política de los pueblos indígenas en las tierras bajas de Bolivia” que se enfoca en el análisis del contexto y la participación política de los pueblos indígenas a partir de la promulgación de la Constitución Política del Estado (CPE), en el marco del proceso electoral que se vivirá este 2020, en el que se abrió la posibilidad de que éstos presenten sus candidaturas desde sus propias organizaciones matrices, sin la intervención de los partidos políticos, como otrora sucedía.
En el contexto de las Elecciones Generales 2020, la Central Indígena de Comunidades Originarias de Lomerío (CICOL), la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG) y la Asociación de Pueblos Indígenas de Santa Cruz de la Sierra (APISACS), junto al Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (CEJIS), pusieron en marcha un ejercicio piloto de observación electoral en territorios indígenas, a fin de identificar los principales factores que restringen o limitan el derecho a elegir de las y los ciudadanos que habitan en el territorio indígena de Lomerío, en el Gobierno Indígena de Charagua Iyambae – que además forman parte de la circunscripción especial indígena correspondiente a Santa Cruz- y en el barrio interétnico Vallecitos II (Santa Cruz de la Sierra).
Invitadas/os a descargar la cartilla: Análisis socioambiental del Plan de Uso de Suelo (PLUS) 2019 del departamento del Beni, que es la síntesis de la investigación con similar título que realizó el CEJIS en el Territorio Indígena Multiétnico (TIM I), Territorio Indígena Mojeño Ignaciano (TIMI), Movima y Cavineño, y contiene información sobre los antecedentes del proceso de construcción del PLUS 2019, la vulneración de derechos, las modificaciones de las categorías de uso entre el 2002 y 2019, la identificación de los posibles impactos socioambientales y culturales, además de las afectaciones y presiones sobre los territorios.
El Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (Cejis) envió al relator especial de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, el informe en el que da cuenta del estado de abandono y vulnerabilidad en el que se encuentran los pueblos indígenas de las tierras bajas de Bolivia, ante la presencia de la pandemia del coronavirus.
El reporte del Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas de Bolivia (ODPIB), dependiente del Cejis, da cuenta de la situación de incertidumbre y abandono ante la pandemia del COVID-19 en el que se encuentran los sectores indígenas que habitan en el municipio de Trinidad, capital del Beni, debido a la falta de información oficial ante situaciones concretas que se presentaron y por la falta de atención desde los distintos niveles de gobierno a sus reclamos.
Este es el pronunciamiento que emitieron 20 organizaciones indígenas de las tierras bajas en Bolivia, este martes 28 de abril, en el que plantean ocho puntos para ser tomados en cuenta por los gobiernos central, departamentales y municipales en el tratamiento del coronavirus en los territorios indígenas.