El informe, publicado bajo la coordinación del Instituto para el Desarrollo Rural de Sudamérica (IPDRS), analiza la situación del acceso a la tierra y territorio durante la gestión 2020, año en el que impactó sobre el mundo el nuevo coronavirus SARS-CoV-2. Las medidas de restricción asumidas por los gobiernos no detuvieron la incursión extractivista en los territorios, el desarrollo de megaproyectos de infraestructura, etc., y tampoco la proliferación de incendios forestales en la Amazonía. Las comunidades campesinas e indígenas tuvieron que alternar sus actividades de control territorial para la prevención del COVID-19, con las brigadas contra incendios y las labores cotidianas. Y Bolivia no fue la excepción.
El trabajo es un esfuerzo conjunto entre la Confederación Nacional de Mujeres Indígenas de Bolivia (CNAMIB) y el Consejo de Mama T’allas que sistematiza el conjunto de violaciones a los derechos de los pueblos indígenas que no solo contiene los casos que se registraron en 2016, sino también en años anteriores y en la mayoría de los casos no han sido resueltas.
En el contexto de las Elecciones Generales 2020, la Central Indígena de Comunidades Originarias de Lomerío (CICOL), la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG) y la Asociación de Pueblos Indígenas de Santa Cruz de la Sierra (APISACS), junto al Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (CEJIS), pusieron en marcha un ejercicio piloto de observación electoral en territorios indígenas, a fin de identificar los principales factores que restringen o limitan el derecho a elegir de las y los ciudadanos que habitan en el territorio indígena de Lomerío, en el Gobierno Indígena de Charagua Iyambae – que además forman parte de la circunscripción especial indígena correspondiente a Santa Cruz- y en el barrio interétnico Vallecitos II (Santa Cruz de la Sierra).
El Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (Cejis) envió al relator especial de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, el informe en el que da cuenta del estado de abandono y vulnerabilidad en el que se encuentran los pueblos indígenas de las tierras bajas de Bolivia, ante la presencia de la pandemia del coronavirus.
El reporte del Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas de Bolivia (ODPIB), dependiente del Cejis, da cuenta de la situación de incertidumbre y abandono ante la pandemia del COVID-19 en el que se encuentran los sectores indígenas que habitan en el municipio de Trinidad, capital del Beni, debido a la falta de información oficial ante situaciones concretas que se presentaron y por la falta de atención desde los distintos niveles de gobierno a sus reclamos.
