Informe

El informe, publicado bajo la coordinación del Instituto para el Desarrollo Rural de Sudamérica (IPDRS), analiza la situación del acceso a la tierra y territorio durante la gestión 2020, año en el que impactó sobre el mundo el nuevo coronavirus SARS-CoV-2. Las medidas de restricción asumidas por los gobiernos no detuvieron la incursión extractivista en los territorios, el desarrollo de megaproyectos de infraestructura, etc., y tampoco la proliferación de incendios forestales en la Amazonía. Las comunidades campesinas e indígenas tuvieron que alternar sus actividades de control territorial para la prevención del COVID-19, con las brigadas contra incendios y las labores cotidianas. Y Bolivia no fue la excepción.

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El trabajo es un esfuerzo conjunto entre la Confederación Nacional de Mujeres Indígenas de Bolivia (CNAMIB) y el Consejo de Mama T’allas que sistematiza el conjunto de violaciones a los derechos de los pueblos indígenas que no solo contiene los casos que se registraron en 2016, sino también en años anteriores y en la mayoría de los casos no han sido resueltas.

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En el contexto de las Elecciones Generales 2020, la Central Indígena de Comunidades Originarias de Lomerío (CICOL), la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG) y la Asociación de Pueblos Indígenas de Santa Cruz de la Sierra (APISACS), junto al Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (CEJIS), pusieron en marcha un ejercicio piloto de observación electoral en territorios indígenas, a fin de identificar los principales factores que restringen o limitan el derecho a elegir de las y los ciudadanos que habitan en el territorio indígena de Lomerío, en el Gobierno Indígena de Charagua Iyambae – que además forman parte de la circunscripción especial indígena correspondiente a Santa Cruz- y en el barrio interétnico Vallecitos II (Santa Cruz de la Sierra).

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