Las 34 organizaciones indígenas, de la sociedad civil e investigadores que conforman el Grupo de Trabajo Internacional para la Protección de Pueblos Indígenas en Aislamiento y Contacto Inicial (GTI-PIACI) alertaron sobre la falta de políticas y las amenazas a las que se encuentran expuestos grupos de pueblos indígenas en situación de aislamiento voluntario y contacto inicial en los países que comparten la Amazonía y el Chaco Sudaméricanos, entre ellos Bolivia.
Primera fuente
En el segundo día de reunión de del Grupo de Trabajo Internacional para la Protección de Pueblos Indígenas en Aislamiento y Contacto Inicial (GTI-PIACI), que se lleva a cabo en Asunción, Paraguay, contó con representantes del pueblo indígena Ayoreo que con el apoyo de la Iniciativa Amotocodie (IA) y con el patrocinio de la Organización internacional Land is Life presentaron la realidad de sus comunidades.
El Territorio Indígena Mojeño Ignaciano (TIMI) y el Territorio Indígena Movima, ambos en Beni, recibieron este viernes del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) seis títulos de propiedad que anexan seis predios a estos territorios. Las áreas fueron demandadas, incluso, desde la Primera Marcha Indígena por el Territorio y la Dignidad, de 1990. La devolución de estas áreas es considerada por los indígenas como un hito histórico, debido a que estos espacios forman parte de los territorios que ancestralmente ocuparon.
Después de más de 10 horas de debate, las autoridades de la Central de Pueblos Indígenas de La Paz (CPILAP) y representantes del Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap) y del Viceministerio de Medio Ambiente suscribieron este lunes un acta de acuerdo a través del cual anulan el convenio suscrito con los mineros cooperativistas, para la explotación de oro en las áreas protegidas Madidi, Cotapata y Apolobamba, en el norte de La Paz.
Las y los comunarios de Tierra Firme, en San Ignacio de Velasco, en Santa Cruz, pidieron al Estado las garantías constitucionales necesarias para su seguridad para retornar a su comunidad y en la tenencia de sus bienes, después de que en octubre de 2021 más de 200 familias fueron despojadas de sus terrenos, mediante presiones que sufrieron por parte de un sindicato campesino ajeno a la comunidad.
Las y los representantes del Territorio Indígena Multiétnico II (TIM II), en los departamentos de Pando y Beni, presentaron al Relator Especial sobre Sustancias Tóxicas y Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Marcos Orellana, una denuncia sobre la violación de los derechos humanos y de las comunidades, a consecuencia de la “crítica situación que atraviesa el territorio por la explotación ilegal del oro y el uso irracional de mercurio”.
El presidente de la comunidad Tie Uña, del territorio indígena Tobite, propiedad del pueblo Ayoreo, en Santa Cruz, César Chiqueno Cutamuajay, informó que las ocho familias que habitan en su comunidad perdieron todas sus pertenencias por el fuego de los incendios forestales que ocurren en la región. El incendio sucedió en los primeros días de septiembre.
El proyecto de fue enviado a la Cámara de Diputados para el tratamiento correspondiente.
Confesor Tirina, monitor territorial del Territorio Indígena Multiétnico II (TIM II) y miembro de la comunidad Genechiquia del pueblo Ese Ejja, dio a conocer que en el río Madre de Dios, en Pando, se vierten desde aceites, combustibles y mercurio desechados por las balsas que extraen oro de estas aguas.
Desde daños a la salud de las personas por el consumo de peces contraminados con mercurio, hasta el deterioro de los territorios y regiones de donde se extrae el oro, son solo algunos efectos que los representantes del Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (CEJIS) y del Centro de Investigación y Documentación (CEDIB) señalaron como los ocasionados por el uso de mercurio en la explotación de oro en los ríos Madre de Dios y Beni, en la Amazonía Norte de Bolivia, durante el conversatorio que abordó esta temática.