Texto y fotos: ODPIB-CEJIS
El Área de Conservación e Importancia Ecológica Ñembi Guasu está protegida por medidas cautelares que prohíben cualquier actividad productiva o extractiva. A pesar de ello, se ha anunciado la construcción de una carretera internacional que la “partiría” por la mitad. Diferentes actores quieren levantar la protección judicial para intervenir en la zona que es refugio de los últimos grupos en aislamiento voluntario del pueblo ayoreo.
El gobierno autónomo indígena guaraní de Charagua Iyambae nació a la vida en 2017, dos años después consolidó la creación del Área de Conservación e Importancia Ecológica Ñembi Guasu mediante una norma autonómica que contiene una prohibición expresa para los asentamientos humanos y el loteamiento de la tierra.
La idea era proteger un área singular por su ubicación, entre el Gran Chaco, el Pantanal, el Bosque Seco Chiquitano y el Cerrado Brasileño, y única por la presencia de grupos del pueblo Ayoreo en aislamiento voluntario.
Casi al mismo tiempo los incendios forestales del 2019 llamaron a alarma en Charagua Iyambae. A mediados de 2021, encomendado por el gobierno indígena, Ronal Andrés Caraica, entonces Tëtarembiokuai Reta Imborika (TRI), solicitó medidas cautelares para el Ñembi Guasu por considerar una inminente “amenaza de daño grave o irreversible” sobre esa zona.
El probable trazo de la carretera, elaborado a partir de información del CPTA-CEJIS e Iniciativa Amotocodie, se puede observar en el siguiente mapa:
“Ni cortar un palo”
Ahora en su posición de asambleísta departamental, Andrés dice que en Ñembi Guasu “no se puede ni cortar un palo” debido a las medidas cautelares que la protegen.
Y eso incluye la construcción de una carretera internacional, hecho anunciado por el Gobernador interino de Santa Cruz Mario Aguilera, el pasado 9 de abril, junto al Gobernador de Alto Paraguay, Arturo Méndez.
“No se puede hacer nada, en el tema de la carretera, mientras dure la pausa ambiental, más todavía porque lo va a partir en dos (el área de conservación). Van a hacer igual que pretendieron, dividir el TIPNIS”, dice Andrés. Y se refiere a que el gobernador Aguilera anunció el trazo desde Roboré hasta el Hito VII, frontera con Paraguay.
Ante la ausencia de información oficial sobre el financiamiento, el diseño del proyecto, el impacto ambiental y otros aspectos de la carretera, el asambleísta Andrés anunció que solicitará información al gobernador Aguilera y anticipó que será muy difícil una vía internacional en ese lugar.
“Si va a llevar adelante (la construcción), se tiene que cumplir muchos procedimientos ambientales y culturales… Los hermanos ayoreos, los no contactados, están protegidos por un decreto”, comenta el asambleísta.
De acuerdo con información generada por el CPTA del CEJIS, con base en el seguimiento a la situación, la construcción de la carretera beneficiaría la consolidación de los asentamientos ilegales denunciados por las autoridades del gobierno indígena guaraní de Charagua Iyambae, así como a 44 propiedades agrícolas y ganaderas existentes en la zona.
CARRETERA PIACI ÑEMBI GUASU_NdP
Los no contactados
La existencia de los últimos segmentos ayoreode en aislamiento voluntario en la región del Gran Chaco, zona binacional, está documentada por data recogida por Iniciativa Amotocodie (IA), una organización de la sociedad civil del Paraguay.
El siguiente mapa muestra el territorio ancestral del pueblo Ayoreo y las áreas con presencia confirmada de segmentos en situación de aislamiento voluntario:
Para un informe de 2009 y otro de 2016, IA documentó testimonios de personas que a su vez identificaron huellas de pasos, filtros de agua en el suelo, hogueras apagadas, huecos de miel extraída de árboles y campamentos abandonados (incluidos espacios de roza y quema controlada). Todas señales del paso de los no contactados.
En el lado paraguayo se registraron avistamientos, incluso con contacto distante por algún individuo que buscaba agua, y del lado boliviano hay testimonios de personas que vieron a pequeños grupos y cuya aparición espantó a los testigos, aunque no mediara ningún tipo de violencia. Los registros testimoniales abarcan tanto la Chiquitanía, el Chaco y el área de frontera binacional.
En ese contexto, el Gobierno Indígena de Charagua Iyambae le recordó en una carta al Gobernador Aguilera que, en el territorio que pretende construir la carretera, habitan “segmentos de familias del pueblo ayoreo que están no contactados y (en) aislamiento voluntario, resguardados por el D.S. 1286/2012, el cual establece una franja territorial de intangibilidad de 535.000 ha aproximadamente”.
“Qué dice el decreto sobre los no contactados, cómo compensamos eso y cómo protegemos a esos hermanos”, se pregunta el asambleísta Andrés.
Algo de eso está previsto en el mencionado decreto que adicionalmente asigna al Estado Plurinacional la tarea de elaborar estudios sobre la presencia y situación de estos pueblos en aislamiento voluntario en una región que abarca 1,9 millones de ha, especialmente del Parque Kaa Iya, colindante del Ñembi Guasu. A pesar de esa disposición, y de un marco constitucional que protege a estas poblaciones, no existen avances en estos estudios. Por el contrario, la presión sobre estos espacios no solo es motivada por la construcción de la carretera, también se suman proyectos de exploración hidrocarburífera y actividades mineras (ver mapa).
La anunciada carretera desde Roboré hasta Hito VII (frontera) atraviesa una gran extensión del territorio ancestral del pueblo Ayoreo que abarca el Gran Chaco (boliviano y paraguayo), el Pantanal y el Bosque Seco Chiquitano: las principales áreas con presencia confirmada de segmentos en situación de aislamiento voluntario, así como el área núcleo de la franja territorial declarada como zona intangible por el Decreto Supremo 1286.
Comunidades fantasma
Al mismo tiempo que las señales de los no contactados, también se han registrado signos de la presencia de “avasalladores” en el Ñembi y de su intención de ocupar tierras en el lugar: maderos que sostienen un techo de zinc, utensilios desechados, pequeñas áreas de bosque derribado, letreros con nombres de comunidades que no existen y, lo principal, rutas o senderos abiertos desde la carretera principal, la Bioceánica, hacia esos campamentos o trechos deforestados.
A raíz de esta presencia identificada por el Gobierno Indígena Charagua Iyambae en su territorio, Ronal Andrés Caraica en su condición de máxima autoridad de la autonomía indígena fue designado para gestionar la salida de los “avasalladores” en reivindicación del Área de Conservación e Importancia Ecológica Ñembi Guasu. Este acudió a la jurisdicción agroambiental.
Nota: Precaria construcción para reuniones hallada en la inspección de 2021
Para sustentar su pedido ante el Tribunal Agroambiental, una inspección en agosto de 2021 encontró, en el área colindante con el Kaa Iya, “asentamientos con presencia de trabajos como chaqueos manuales y desmontes con maquinaria pesada en diferentes superficies, además de quemas anteriores y recientes, como así posteados nuevos sin alambrados y amojonamientos recientes pintados de color rojo como señal de delimitación de parcelas en lugares con cobertura boscosa, lo cual demuestra que son asentamientos nuevos”.
La descripción quedó plasmada en el pedido de medidas cautelares contra INRA y ABT. En la inspección no se encontró gente, pero sí recipientes de plástico, envases de comida y botellas de vidrio, “construcciones precarias de palos y con techos de calamina o plásticos en algunas partes”. Eran los signos visibles de la ocupación ilegal.
En el área cercana al Parque Otuquis, la inspección del Ñembi Guasu pudo verificar “intervenciones antrópicas con mayor intensidad con presencia de personas en algunas partes”. Los desmontes con maquinaria y de forma manual, en menor medida, y la colocación nueva de postes, aún sin alambrado, era evidente.
La inspección anotó la versión informativa de Edwin Zambrana, secretario general de la Central Tucavaca, acerca de que las ocupaciones se deben a “resoluciones otorgadas por el INRA y permisos de desmontes otorgados por la ABT”.
Pero la actividad se encontró con un incendio forestal intempestivo que interrumpió el proceso de verificación. Y este hecho fue registrado por Ronal Andrés Caraica para mencionar la evidencia de amenaza de riesgos.
Nota: Desmonte y rastros de trabajo en Ñembi Guasu
Se emitió una medida cautelar específica que es la prohibición de innovar, lo que significa que “ordena a TODAS LAS PERSONAS que se encuentren al interior de la ACIE ‘Ñembi Guasu’, provincia Cordillera, departamento de Santa Cruz, para que se ABSTENGAN de realizar CHAQUEOS, DESMONTES, QUEMAS y/o TRABAJOS que modifique el estado actual en el que se encuentra, bajo prevenciones de remitirse al Ministerio Público en caso de incumplimiento a resoluciones judiciales”. Las negrillas y subrayados está en el documento original.
Pero a la vez dice que “la prohibición de innovar no alcanza a las actividades de manejo, cuidado y control de actividades agrícolas y/o pecuarias, las cuales por su naturaleza deben continuar sin que el mismo sea justificativo válido para infringir lo ordenado en el presente auto”. Esta última disposición se refiere a los propietarios privados que existen en el área de conservación desde antes de su creación.
¿Dejar sin protección a Ñembi?
El asambleísta Ronal Andrés explica que muchos actores pretenden levantar la protección legal. “Hace meses hubo otra audiencia en Camiri. Creo que fueron 11 comunidades campesinas (las que pidieron levantar la prohibición), donde nuevamente el Tribunal Agroambiental de Camiri ratificó la pausa ambiental”, comenta.
La audiencia judicial se realizó en enero de este año, y las mencionadas comunidades representaron a más de 80 que pretenden volver al área de conservación a ocupar predios.
Las comunidades campesinas están respaldadas por el INRA, institución que justifica sus autorizaciones de asentamiento en favor de esos grupos y ha pedido que la medida de protección a Ñembi Guasu “no tenga alcance a las actividades de manejo, cuidado y control de actividades agrícolas y/o pecuarias, de las comunidades que cuenten con autorización de asentamiento legal del INRA o que cuenten con resolución de dotación ya emitida, las cuales por su naturaleza deben continuar”.
Nota: Comunidad 6 de enero, sin habitantes, visitada durante la inspección de 2019
El INRA va más allá porque afirma, entre otras cosas, que las medidas de protección de Ñembi Guasu “atentan contra la vida y seguridad de las comunidades que cuentan con Resoluciones de Asentamiento en la zona y va(n) contra el INRA al impedirle cumplir el mandato previsto en la CPE”.
El asambleísta Andrés afirma que los campesinos y el INRA no son los únicos con interés en levantar la medida cautelar.
“Los ganaderos que están adentro también están limitados (en su afectación al bosque), pero no al cien por ciento porque tienen su propio trato. (Ellos también) dicen ‘suspendan esto’, ‘queremos trabajar’, ‘queremos ampliar nuestro chaco’. Seguramente les afecta en el tema de pastizales”, comenta Andrés.
El hecho es que los asentamientos, en caso de consolidarse, demandan vías de comunicación que no pueden existir en Ñembi Guasu porque pondría en riesgo el ecosistema y a los pueblos en situación de aislamiento voluntario.
Devastada poco a poco
Consultada sobre el tema, la senadora Cecilia Requena explica que en Bolivia las carreteras son a la vez vías de comunicación y vías de ocupación territorial a ambos lados del asfalto.
“No hay un Estado capaz ni muy interesado en impedir que la carretera se vuelva una forma de abrir la frontera de ocupación territorial, que ni siquiera siempre es agropecuaria, a menudo es pura especulación de la tierra. Y para especular la tierra lo que hacen es deforestar porque, por esos fallos de mercado, vale más que la tierra con bosque en pie”, dice Requena.
Requena menciona la evidencia de la ocupación territorial a partir de una carretera que funciona como una columna de pescado porque cualquiera de sus puntos puede dar paso a líneas perpendiculares que penetran en terrenos no pisados antes.
Y eso comenzaba a pasar en Ñembi Guasu hasta antes de la medida cautelar. La ocupación de las tierras, autorizada o no por el INRA, tiene repercusión en la salud del Área de Conservación e Importancia Ecológica Ñembi Guasu que comparte ecosistemas con los parques nacionales Kaa Iya, del Gran Chaco, y Otuquis.
Ñembi Guasu ha sido azotada por incendios forestales en más de 318 mil ha hasta el mes de septiembre en el 2019, según registros del CPTA del CEJIS. El reporte dice que “los incendios en este territorio parecen provenir de las áreas desforestadas ubicadas al norte”. Al finalizar esa gestión, la FAN registró 442 mil ha afectadas por el fuego sobre los cuatro tipos de vegetación presentes en ese territorio: Abayoy, Bosque Chiquitano, Bosque Chiquitano Transicional al Chaco y las Formaciones Campestres.
En 2023, los medios de comunicación reportaron llamaradas de hasta 30 metros de altura en incendios de “sexta generación” en ese territorio, lo que resulta curioso si se considera que no existen comunidades en la zona y están vigentes las medidas de protección en esa área.
Tanto la senadora Requena como el asambleísta Andrés Caraica anunciaron que pedirán informes a la Gobernación de Santa Cruz y a otras instancias estatales para conocer los pormenores del proyecto que se pretende construir. Asimismo, se espera que las autoridades a nivel nacional llamadas a proteger al pueblo en aislamiento voluntario Ayoreo en el marco de las Ley Nº 450 activen las medidas de salvaguarda.
Nota: Letrero de una comunidad campesina identificada en la inspección de 2021 dentro de Ñembi Guasu, sin habitantes ni viviendas ni señales de trabajo agrícola.
Clarita Rossell, lideresa del Territorio Indígena Multiétnico TIM, se prepara para encuestar a dirigentes de Santa Ana de Moseruna, en la Amazonía sur, sobre el ejercicio de los derechos humanos y los derechos colectivos en esa comunidad. Así como ella, veinticinco mujeres promotoras en derechos indígenas están listas para levantar esa información en distintas comunidades.
La información se levantará en los próximos días en comunidades del Territorio Indígena Multiétnico (TIM) y el Territorio Indígena Mojeño Ignaciano (TIMI) en el marco del Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas (ODPIB).
“Vamos a conocer qué tanto saben las autoridades de nuestra comunidad sobre los derechos que tenemos como comunidad, cómo es el vivir de cada comunidad, a qué se dedican, sobre medicina tradicional, gobernanza, si los derechos son respetados por el gobierno o no”, dice Rossel.
Todas fueron capacitadas en aspectos conceptuales y en el uso de la aplicación tecnológica para levantar la información. El martes 7 de mayo recibieron sus materiales para comenzar su tarea que se extenderá por tres o cuatro días.
Las mujeres tienen la tarea de entrevistar al corregidor, a la presidenta de la organización de mujeres y a una tercera person que puede ser otro representante e incluso personal de salud.
“Santa Ana de Moseruna es multiétnica, en ella habitamos tres etnias: Chimán, Movima y Mojeña Ignaciana. Gracias a las gestiones que hacen las autoridades, tenemos los tres niveles de educación, kinder (inicial), primaria y secundaria, y tenemos una posta de salud aunque no está equipada”, describe Rossell.
Gaby Justiniano es de la comunidad Mercedes del Apere y es la secretaria de organización de la Subcentral de Mujeres del TIM. “Me ha tocado ir a la comunidad Monte Grande del Apere, vamos a encuestar a las autoridades, al corregidor, a la presidenta de la organización de mujeres y a un líder varón”, dice.
“La encuesta es para ver qué tanto conocen de su misma comunidad, del territorio y como se están ejerciendo los derechos en esa comunidad”, explica Justiniano, y asegura que el entrenamiento le permitió manejar con confianza la aplicación para encuestar.
Los resultados se procesará en el Observatorio de Derechos de Pueblos Indígenas de Bolivia (ODPIB), una herramienta del CEJIS para recopilar información especializada en derechos de los pueblos indígenas y acompañar casos emblemáticos por la violación de los derechos colectivos. En 2021, una encuesta recogió percepciones de las mujeres indígenas del norte de la Amazonía sobre la situación de sus derechos, esta información fue la base para la posterior construcción de la agenda para la gestión estratégica de la Organización de Mujeres Indígenas del Norte Amazónico de Bolivia (OMINAB).
Rosalía Jau Guataica es otra promotora que vive en San Ignacio de Mojos, y le ha tocado trabajar en otra comunidad con la encuesta. Ella comenta: “No conozco Santa Clara, es la primera vez que voy a ir. Aparte, es una forma de conocer nuestro territorio. Sé que es una comunidad pequeña, con unas treinta familias, está un poco alejada, es inaccesible en estos momentos”.
En cambio, Belsa Muiba Guarayuco no tendrá que salir de su comunidad San José del Cabito para aplicar las encuestas porque lo hará allí mismo. «Lo que queremos saber es cómo se vivía antes, qué producían, cómo era el clima, y si ahora es lo mismo o no, o ha habido cambios. Es la primera vez que veo que se va a hacer en las comunidades, es la primera vez que como comunidades estamos participando”, dice.
Líderes históricos indígenas de tierras bajas, autoridades y exautoridades estatales, responsables de organizaciones no gubernamentales e investigadores y académicos responden al cuestionario nacional del Navegador Indígena para elaborar un perfil del país respecto al estado de situación de los derechos humanos en pueblos indígenas.
El proyecto del Navegador Indígena en Bolivia está próximo a emitir resultados sobre las encuestas en comunidades indígenas que dan cuenta del ejercicio de sus derechos humanos en el país. En este caso se levantaron 19 encuestas que fueron respondidas colectivamente en igual número de comunidades en los territorios de Monteverde y Lomerío, en la región chiquitana.
Una segunda parte del Navegador es la encuesta nacional que se aplica a actores con conocimiento del tema o vinculados a los pueblos indígenas. Para este caso respondieron a las preguntas, por ejemplo, las asambleístas departamentales Nélida Faldín y Bertha Bejarano, por un lado, y académicos con experiencia en la problemática indígena a nivel nacional, por otro.
Al examinar la legislación, las políticas y los programas, el cuestionario nacional ofrece una visión general de la situación de los pueblos indígenas en el país. Además, mide los avances desde las instancias estatales para cumplir con los compromisos de derechos humanos en general y particularmente los derechos de los pueblos indígenas a través de programas, políticas públicas, asignaciones presupuestarias, etc.
Esta encuesta está en pleno avance y se prevé la participación de una treintena de actores que respondan desde su conocimiento sobre los derechos reconocidos en las normas, la aplicación de las recomendaciones de Naciones Unidas, la vulneración de derechos, el autogobierno, además de los aspectos relativos a la calidad de vida de los pueblos indígenas, por ejemplo en aspectos de la salud y la educación, entre otros.
Aunque los resultados de esta encuesta nacional se conocerán al finalizar el mes de julio, la información preliminar refleja la preocupación desde los líderes indígenas sobre el acceso y la tenencia de la tierra frente a las presiones permanentes generadas a partir de las políticas gubernamentales, así como de acciones particulares como los avasallamientos.
Reunidos alrededor de una mesa, intercambiando información y opiniones facilitadas por una moderación, 308 comunarios y comunarias de los territorios indígenas de Monte Verde y Lomerío respondieron colectivamente a preguntas sobre el ejercicio efectivo de sus derechos en el cotidiano. El acceso al agua es una deficiencia central identificada en todas las comunidades visitadas en las que se llenaron 19 encuestas colectivas durante 2023.
La encuesta es parte de la iniciativa Navegador Indígena que es “un conjunto de herramientas desarrollada para y por los pueblos indígenas para monitorear sistemáticamente el nivel de reconocimiento e implementación de sus derechos”. Los datos recogidos estarán disponibles en la web del proyecto para su consulta.
Los territorios Monte Verde y Lomerío están ubicados en el departamento de Santa Cruz, en la región del Bosque Seco Chiquitano, que ha sufrido consecutivamente por los incendios forestales en los últimos años, sequías y, en el otro extremo, también con heladas que afectaron las escasas plantaciones de sus pobladores. Ambos territorios están próximos a las actividades agroextractivas de soya y de crianza de ganado para el mercado nacional e internacional, y se ha constituido en un sector de propietarios que también presiona de distintas formas a los territorios.
Vea las encuestas comunitarias elaboradas en 2018
En ese panorama, las comunidades chiquitanas consultadas por las encuestas mencionaron con énfasis la dificultad del acceso al agua, lo cual significa una vulneración a un derecho fundamental reconocido en la Constitución Política.
Los resultados de la encuesta están en su última fase de procesamiento, y serán de libre acceso en junio de 2024, cuando se conozcan los derechos de los pueblos indígenas con mayor nivel de vulnerabilidad en estos dos territorios.
Las comunidades chiquitanas que viven en Monte Verde y Lomerío respondieron en temas sobre integridad cultural; tierras, territorios y recursos naturales; derechos y libertades fundamentales; participación en asuntos públicos; protección legal, acceso a justicia y a remediación; contacto transfronterizo; libertad de expresión y de medios de comunicación; desarrollo económico y social general; educación, salud, empleo y ocupación; autodeterminación; y disfrute general de los derechos humanos y las libertades fundamentales.
Vea las encuestas nacionales elaboradas en 2018
En el proceso de levantamiento de datos participaron 196 mujeres y 112 de hombres, respondiendo a las encuestas, la mayor parte de estas personas (267) están en el rango de los 18 a 49 años. Paralelamente algunas participantes fueron capacitadas en el uso de herramientas de seguimiento a la iniciativa Navegador Indígena.
En sesión ordinaria, los miembros del legislativo del gobierno indígena autónomo del Territorio Indígena Multiétnico (TIM) emitieron la Ley de Desarrollo Normativo que define el procedimiento para elaborar y aprobar normas, así como la jerarquía que tendrán estos instrumentos para hacer funcionar la administración indígena en este territorio de la Amazonía sur.
La primera ley que emitieron los cinco legisladores del TIM fue la del presupuesto de su funcionamiento en diciembre de 2023, pero con la aprobación de la Ley de Desarrollo Normativo comienza una práctica legislativa que tiene un proceso de diálogo y consensos para llegar al momento de la aprobación casi por unanimidad.
La asamblea legislativa del TIM es itinerante para sesionar. La aprobación de la norma se hizo en la comunidad movima de Santa Ana de Museruna ante la presencia de representantes de la Subcentral de Cabildos Indigenales del TIM y corregidores del territorio.
Una vez emitida la norma, esta fue enviada al Ejecutivo, encabezado por el cacique Alfredo Matareco, para su promulgación.
La agenda de desarrollo legislativo del primer gobierno autónomo indígena del Beni considerara una normas que regulará los contratos y convenios intergubernativos.
Las autoridades legislativas y ejecutivas del primer gobierno GIA TIM fueron posesionadas en noviembre de 2023, acto con el que comenzó a caminar la primera autonomía de base territorial en las tierras bajas de Bolivia que congrega a los pueblos tsimane, yuracaré, movima, mojeño-ignaciano y mojeño-trinitario.
Cronología del GIA TIM
- 10 de noviembre de 2023. Se posesionan las autoridades del nivel ejecutivo y legislativo del gobierno autónomo indígena originario del TIM.
- 16 de septiembre de 2023. Las autoridades ejecutivas y legislativas del GAIOC del TIM reciben sus credenciales otorgadas por el Tribunal Supremo Electoral y el Tribunal Departamental Electoral del Beni.
- 23, 24 y 25 de julio de 2023. En un Encuentro de Corregidores se elige a los miembros del ejecutivo y legislativo del Gobierno Autónomo Indígena Originario (GAIOC) del TIM.
- 21 de diciembre de 2020. Aprobación del Estatuto Autonómico Indígena.
- 31 de marzo de 2020. El TIM prohíbe el ingreso de madereros, pescadores y cazadores ajenos a las comunidades para evitar sus actividades ilegales verificadas en cuarentena.
- Año 2010. Las comunidades del Territorio Indígena Multiétnico (TIM) deciden concretar la autonomía indígena de base territorial.
El Gobernador de Santa Cruz, Mario Aguilera, y el Gobernador de Alto Paraguay, Arturo Méndez, anunciaron esta semana la construcción de una carretera que unirá Roboré con la frontera paraguaya en el Hito VII. El objetivo es beneficiar a la producción agroganadera de ambos países para acceder al mercado brasileño y a puertos del Pacífico, a pesar de que eso implica atravesar territorio de los últimos grupos ayoreode en aislamiento voluntario (PIAV).
El gobernador de Alto Paraguay, Arturo Méndez, dijo con entusiasmo: “Soñamos en que Roboré tenga acceso al Hito VII, a Agua Dulce, donde tendremos la oportunidad de brindarles la salida que tanto añora el comercio boliviano a través de puertos que pueden instalarse en Bahía Negra”.
No solo es un sueño. El lado del Paraguay tiene ya una vía ripiada avanzada hacia la mencionada frontera con Bolivia. En años recientes, comisiones binacionales han estado verificando los hitos fronterizos, aunque sin mencionar las intenciones de construir la mencionada vía. A la vez se han realizado espacios de lobby, como ferias y encuentros, con participación de las autoridades locales de Roboré.
Ante el anuncio de la carretera, el Gobierno Autónomo Indígena Charagua Iyambae remitió una carta al gobernador Mario Aguilera en la que comunica su “más enfático y total rechazo a dicho proyecto, que no considera en absoluto la situación ambiental en la que se encuentra el Ñembi Guasu ni las acciones de gestión y defensa ambiental que venimos desarrollando desde hace años para evitar los avasallamientos, los incendios y otros graves atentados a su estabilidad social y ambiental”.
Grandes intereses
El valor de la carretera para los sectores agroganaderos del Paraguay está plasmado en el pedido de una declaratoria de interés nacional para la carretera hacia el Hito VII, hecha en 2021, por los entonces senadores Fidel Zavala, Stephan Rasmussen y Georgia Arrúa.
En ese documento, los parlamentarios paraguayos dicen: “La zona en la cual se plantea el proyecto de conexión vial y ferroviario es la de mayor crecimiento durante las últimas décadas en cuento (sic) al número de cabezas de ganado bovino, actualmente con más de 400.000 cabezas y con un potencial de superar las 1.600.000 de cabezas”. El diario ABC ha destacado el crecimiento inusitado de Agua Dulce, localidad agroganadera de Alto Paraguay, incluso después de los incendios extraordinarios de 2019.
La intención de los senadores era destacar la relevancia de la carretera porque, en su criterio, el “proyecto de conexión vial y ferroviario es geopolíticamente estratégico debido a que la RN PY16 podría unir las dos principales rutas bioceánicas de América del Sur, al norte la ciudad de Roboré, Departamento de Santa Cruz, Bolivia, lugar donde conecta con la BOL RN4 que une Brasil con Chile en Arica (Zona fronteriza al Perú) y al sur la localidad de Tte. Montanía, Departamento de Boquerón, lugar donde conecta con la RN PY15, ruta bioceánica que une Brasil a Chile”.
La ruta PY16 está planeada desde Fortín Avalos Sánchez hasta el Hito VII con 497 km, atravesando de sur a norte el Chaco paraguayo.
El director de Iniciativa Amotocodie en Paraguay, Miguel Alarcón, consultado por el CEJIS, dijo sorprendido: “No pensamos que la misión por parte del lado de los ganaderos y productores paraguayos haya traspasado la frontera. En Paraguay sí conocemos muchos planes de asfalto dentro del norte del Chaco paraguayo”.
Iniciativa Amotocodie es una institución que trabaja hace muchos años en la protección del Chaco y de los ayoreos en aislamiento voluntario en su país y en Bolivia. Alarcón explicó que es difícil de entender el objetivo de sumar una carretera hacia la frontera con Bolivia porque la región está despoblada, es decir que no tiene una gran población beneficiaria, y parece más centrada en responder a intereses de empresas de construcción vial, fuera de las empresas ganaderas y del agronegocio.
En el vecino país, el gobierno local paraguayo y la Asociación Agropecuaria de Agua Dulce (APAD) impulsan abiertamente la construcción de la vía, mientras que en el lado boliviano se publica y se informa menos sobre esta ruta.
El único dato entregado por la Gobernación de Santa Cruz esta semana, a tiempo de la visita del gobernador paraguayo Arturo Méndez, fue una danza de cifras. La prensa destacó la declaración del gobernador Aguilera, haciendo cuentas: “la construcción del proyecto carretero generará 45 mil empleos directos e indirectos, lo que significará un ingreso de Bs. 130 millones al año, (y) permitirá generar un ahorro para los transportistas de hasta 17 horas para llegar a los puertos paraguayos”.
Para Miguel Vargas, director ejecutivo del CEJIS, el proyecto responde a la política de ampliación de la frontera agropecuaria binacional y a proyectos de infraestructura (carreteras) para permitir la vinculación transoceánica. El accionar de las autoridades regionales en Santa Cruz y Alto Paraguay muestra que estas desconocen la problemática territorial y ambiental de la región y reflejan que el modelo de desarrollo agroindustrial cuenta con el apoyo estatal en todos sus niveles.
En criterio de Vargas, llama la atención que el Gobierno Departamental de Santa Cruz, a pesar de contar con bastante información sobre el impacto de los incendios forestales en esa región y al existir las salvaguardas para proteger al pueblo indígena ayoreo, en el marco de la Constitución y la Ley 450, se apueste por la construcción de un proyecto que agudizará la crítica situación en la que se encuentra la región.
Ayoreos en Aislamiento voluntario
En caso de construirse esa plataforma en el lado boliviano, esta atravesará el área con presencia documentada de grupos ayoreos aislados que transitan entre Bolivia y Paraguay. Por información de la Central Ayorea del Oriente Boliviano (CANOB), la Unión Nativa Ayoreo del Paraguay (UNAP), el investigador Bernard Fischermann e Iniciativa Amotocodie, se sabe que en ambos países existe la presencia de segmentos del pueblo ayoreo que todavía resisten en el bosque chaqueño sin contactar con la sociedad boliviana y paraguaya.
Los estudios muestran que hasta la década del 50 la región fue habitada solo por grupos del pueblo ayoreo. Miguel Alarcón explica que desde 2004, en viajes con ancianos ayoreos y guardaparques ayoreos, también han identificado rastros de presencia de grupos aislados en esa zona del territorio binacional.
Alarcón recordó que una parte del pueblo ayoreo fue contactada entre los años 50 y 60, en Bolivia y Paraguay, y por mucho tiempo se pensó que misioneros evangélicos y católicos terminaron un trabajo de limpieza étnica. Sin embargo, los hechos mostraron que aún hay grupos que se mueven en la región, ajenos a la lógica de la división política de ambos países.
En 2012, el gobierno de Bolivia promulgó el Decreto Supremo 1286 por el cual se establece una franja territorial de intangibilidad de 535.000 hectáreas, la realización de un estudio técnico multisciplinario para identificar la presencia de ayoreos en situación de aislamiento voluntario y sus áreas de ocupación y tránsito, así como para determinar los mecanismos que garanticen el ejercicio de su derecho a mantenerse en situación de aislamiento voluntario. Hasta la fecha el estudio no fue realizado a pesar de las múltiples demandas de la CANOB.
El Grupo de Trabajo sobre Pueblos Indígenas en Situación de Aislamiento y Contacto Inicial– GTI PIACI, en un informe preparado para NNUU, plantea que, entre otros factores, el adelantamiento de megaproyectos desarrollistas como carreteras o represas en regiones transfronterizas de la Amazonía, el Cerrado brasileño y el Gran Chaco afectan a los PIACI.
Área de Conservación e Importancia Ecológica Ñembi Guasu
La carretera anunciada atravesaría, además, el Área de Conservación e Importancia Ecológica Ñembi Guasu creada por la Autonomía Indígena Guaraní de Charagua Iyambae, en abril de 2019, para proteger cerca de 1,2 millones de hectáreas. Ese mismo año, los incendios forestales arrasaron con el área protegida.
En 2019, el fuego atravesó de norte a sur y partió en dos esta área generando la reacción de las organizaciones de ambos países. El gobierno autónomo de Charagua Iyambae, en su carta dirigida al Gobernador Aguilera, recordó que los incendios de severidad media y alta ocurridos entre 2019 y 2022 comprometieron entre el 30% y 40% de su superficie, lo que “supuso la pérdida casi total de algunas áreas de bosque nativo”.
Los incendios de años posteriores a 2019 fueron menos intensos, pero contribuyeron a diezmar la región. El municipio de Roboré, por ejemplo, está en el top de municipios con más focos de calor y pérdida de bosques por incendios en una década: se calcula que perdió 50.751 ha.
Medidas de protección y pausa ecológica ambiental
En 2021, luego de una acción ambiental preventiva promovida por las autoridades del Gobierno Autónomo Guaraní de Charagua Iyambae, ante la autorización de asentamiento de más de 90 comunidades interculturales en el Área de Conservación e Importancia Ecológica Ñembi Guasu, el Juzgado Agroambiental de Camiri emitió el Auto Agroambiental 111/2021 en el que se establecieron como medidas cautelares la declaración de una pausa ecológica en el área prohibiendo el desarrollo de toda actividad contraria a la regeneración, restauración de la fauna y cobertura vegetal en las zonas afectadas por los incendios forestales; la prohibición de la habilitación de terrenos en propiedades privadas; además de establecer el control en todos los ingresos. La Resolución de la jurisdicción agroambiental de Camiri fue ratificada por el Tribunal Agroambiental a través del Auto Agroambiental Plurinacional S1a Nº 11/2022.
El proyecto carretero promovido por las autoridades de Santa Cruz y Alto Paraguay atraviesa la zona núcleo del Área en la que rige la pausa ecológica ambiental.
Ante el interés de censar a su población, las centrales y organizaciones indígenas de tierras bajas se han visto en la necesidad de garantizar con agentes censales, transporte y alimentación la realización del Censo de Población y Vivienda en respuesta a las carencias de logística del Instituto Nacional de Estadística (INE).(más…)
Luego de su visita in loco a Bolivia, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recomienda al Estado Plurinacional tomar “medidas de protección frente a acciones de terceros que afectan tierras” de los pueblos indígenas, frente a los casos de avasallamiento y despojo que amenazan su existencia, y despejar la burocracia hacia la autonomía indígena. (más…)
El Territorio Indígena Mojeño Ignaciano tiene una extensión de 54.904 hectáreas, así que los empadronadores capacitados por el Instituto Nacional de Estadística se encargarán de levantar la información para el Censo de Población y Vivienda los días 23, 24 y 25 de marzo. Las autoridades del TIMI se comprometieron a garantizar la realización de este conteo que se realizará con 12 años de diferencia respecto del anterior.(más…)
Los sistemas agroforestales sucesionales (SAFS) empiezan a dar frutos en el Territorio Mojeño Ignaciano (TIMI) a pesar de los eventos en contra como los incendios, las plagas y la sequía. Los resultados del acompañamiento a 14 SAFS, para dar asistencia técnica a los productores, muestran que tanto el bosque como las familias mojeño-ignacianas se reponen contra la adversidad y comienzan a recoger los frutos de aplicar esta metodología en sus cultivos. (más…)