Justicia ordena parar la actividad minera en ríos Beni, Madre de Dios y sus afluentes en el departamento de La Paz
Ante la demanda de los pueblos indígenas del norte de La Paz representado por el CPILAP, la justicia boliviana ordenó detener la actividad minera que no tenga licencia ambiental para operar en los ríos Beni y Madre de Dios en ese departamento, así como en cinco de sus afluentes, por considerar que se vulneran los derechos de los pueblos indígenas de la región tanto en términos de la salud pública, por la contaminación con mercurio, como en el aspecto de la integridad territorial y la consulta previa libre e informada.
La audiencia se realizó el sábado 9 de septiembre, a cargo del juez Edwin Pallete, asentado en Rurrenabaque. La autoridad falló a favor de la Central de Pueblos Indígenas de La Paz (CPILAP) que había fundamentado su demanda tanto en resultados de un estudio científico sobre la contaminación con mercurio como en la sistemática violación a sus derechos territoriales, fundamentalmente el derecho a la consulta previa libre e informada.
La acción popular tiene el objetivo de garantizar los derechos colectivos ante vulneraciones en los campos vinculados con el medio ambiente, la salud pública, la seguridad, el patrimonio y similares. A esta acción acudieron los dirigentes de la CPILAP, quienes plantearon la vulneración de derechos colectivos a raíz de la contaminación que la minería ilegal deja en los cuerpos de agua de su territorio, lo que incluye a los ríos Kaka, Alto Beni, Tuichi, Quiquibey y Tequeje.
“La CPILAP logró demostrar que la minería aurífera ilegal está afectando negativamente a su derecho a la salud, medio ambiente y a la consulta previa libre e informada. Los representantes de los Ministerios de Medio Ambiente y Agua, de Minería y Metalurgia, de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM), y del Gobierno Autónomo Departamental de La Paz no pudieron desvirtuar las consecuencias ocasionadas por el mercurio empleado en las operaciones mineras”, dice el comunicado emitido por esa organización indígena.
La decisión del juez de garantías constitucionales avanza de manera importante en reconocer la obligación que tiene el Estado Plurinacional de Bolivia a realizar procesos de consulta a las actividades mineras que se encuentran dentro de la categoría de derechos preconstituidos. Asimismo, se determinó la suspensión de toda actividad minera que no cuente con licencia ambiental.
Los fundamentos
El juez Edwin Pallete, con asiento en Rurrenabaque, ordenó al Ministerio de Medio Ambiente y Agua “la repetición del estudio sobre calidad del agua de consumo de las comunidades indígenas ribereñas” y la ejecución de una categorización de contaminación de las aguas y de los peces, temas que fueron el fundamento central de la acción tutelar.
La CPILAP fue la impulsora del estudio realizado en 36 comunidades de los pueblos tsimane, ese ejja, leco, mosetene, uchupiamona y tacana. Los resultados se difundieron en junio pasado, mostrando que el 74,5% de las personas presentan niveles de contaminación por mercurio que superan los límites permisibles, según estándares internacionales, y en 18 comunidades el nivel de toxicidad alcanza a la totalidad de sus pobladores.
En promedio, las personas presentaron 3,93 partes por millón (ppm) de presencia de mercurio en muestras biológicas, frente a un límite permisible de 1 ppm en humanos.
El juez Pallete, a tiempo de dictar su resolución, ordenó remitir los informes oficiales a la Fiscalía General “para que se realicen acciones pertinentes al efecto, si es que lo determinan las responsabilidades penales” por la afectación a los derechos fundamentales de los pueblos indígenas que se aglutinan en la CPILAP.
La acción de defensa legal del CPILAP es la primera promovida por una organización en el departamento de La Paz y que alcanza una tutela a favor de las comunidades afectadas por la minería aluvial. Esta acción se suma a una serie de denuncias de organizaciones indígenas en la región de la Amazonía Norte del país que se ven seriamente afectadas por la presencia de balsas y dragas que extraen oro sin ningún tipo de control.