Los corregidores del Territorio Indígena Multiétnico señalan al Tribunal Agroambiental, por admitir la demanda de un propietario privado que atenta contra las tierras colectivas, y exigen que las exconcesiones forestales sean tituladas a su favor, tal como lo ordena una sentencia agroambiental del año pasado. (más…)
Un total de 93 jóvenes indígenas de comunidades de la Amazonía norte y sur, la Chiquitanía y el Chaco de Bolivia unieron sus voces en un manifiesto que demanda inclusión, la gestión sostenible de sus territorios y los espacios de capacitación sobre derechos colectivos indígenas. La propuesta de 12 puntos es el resultado de dos jornadas en las que evaluaron los impactos del cambio climático, las amenazas y presiones en sus territorios y las respuestas que podrían paliar esas adversidades.(más…)
En dos jornadas intensas, más de un centenar de jóvenes mujeres y hombres de distintos territorios indígenas de tierras bajas se reunieron en la capital cruceña para evaluar su trabajo de monitorear las amenazas y presiones que sufren. Al finalizar el encuentro identificaron siete desafíos que enfrentan para mantener la integridad de sus territorios: el avasallamiento de sus tierras, la minería y los hidrocarburos, la construcción de carreteras, la ganadería, los problemas de límites, la deforestación y la nominación de áreas de reserva y conservación para proteger sus bienes comunes. (más…)
Los dirigentes de territorios indígenas de la Amazonía y la Chiquitanía esperan consolidar los títulos de propiedad, lograr la titulación de otras áreas que habitan y tener un mayor control de sus territorios en los próximos tres años. Es que “si no hay territorio, no hay autonomías”, dice el vicepresidente de la CPEMB, Ernesto Sánchez Meruvia.(más…)
Las familias del Territorio Indígena Movima (TIM), involucradas en el proyecto de cosecha y procesamiento del cacao silvestre, iniciaron con éxito la recolección de mazorcas en la isla Porvenir. El técnico movima Marcos Rivero estima que este año se superará la zafra de la gestión pasada.(más…)
El Territorio Indígena Mojeño Ignaciano (TIMI) y el Territorio Indígena Movima, ambos en Beni, recibieron este viernes del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) seis títulos de propiedad que anexan seis predios a estos territorios. Las áreas fueron demandadas, incluso, desde la Primera Marcha Indígena por el Territorio y la Dignidad, de 1990. La devolución de estas áreas es considerada por los indígenas como un hito histórico, debido a que estos espacios forman parte de los territorios que ancestralmente ocuparon.
Una muestra del cacao silvestre recolectado por las y los indígenas del pueblo Movima, en Beni, se expone y participa en la tercera versión del Salón Cacao y Chocolate 2022, que comenzó en La Paz, entre el 25 y 29 de abril. En este encuentro, el cacao movima compite junto a otras 25 muestras de productores de los departamentos de La Paz, Beni, Santa Cruz, Cochabamba y Pando.
Para la presidenta de la Subcentral de Mujeres Indígenas Movima (SMIM), en el departamento del Beni, Yolanda Alvares, uno de los hechos que más llamó la atención durante el periodo de la pandemia, fue el retorno de los habitantes de algunas comunidades por la sensación de seguridad que esta les brinda, en especial a las que se encuentran en las riberas del río Mamoré.
El presidente de la Subcentral del Pueblo Indígena Movima (SPIM), en Beni, Javier Zelada, confirmó de la existencia de tres casos positivos de coronavirus entre los habitantes de las comunidades indígenas, por lo que solicitó la colaboración en la dotación de medicamentos para enfrentar la pandemia.
Hasta el 22 mayo, 46 territorios indígenas en Bolivia fueron registrados en riesgo de contagio por coronavirus, debido que se sobreponen a 23 municipios en los que se tiene casos 1.101 confirmados de la pandemia, según el monitoreo que desarrolla el Centro de Planificación Territorial Autonómica (CPTA) del Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (Cejis).
El Ministerio de Salud reportó hasta la fecha un total de 5.579 casos positivos de COVID-19 en todo el país. De acuerdo con el reporte del CPTA, 1.101 de estos casos se registraron en estos municipios cercanos a los territorios indígenas (TIOC) correspondientes a los departamentos de Beni, Santa Cruz, Tarija, Cochabamba y Chuquisaca.
En el caso de Beni, los ocho municipios donde se tienen casos confirmados de COVID-19 se encuentran cercanos a 20 territorios indígenas y tres comunidades con asentamientos indígenas; en Santa Cruz, son 10 municipios cercanos a 20 territorios indígenas; en Cochabamba tres municipios cercanos a cinco territorios; en Tarija un municipio cercano a un territorio, y en Chuquisaca un territorio cercano a un municipio.
Marco Rivero, habitante del pueblo indígena Movima (Beni), que se sobrepone al municipio de Santa Ana de Yacuma, explica que los pobladores se encuentran preocupados debido a la presencia del primer caso de COVID-19, por lo que decidieron reforzar el control en los ingresos al territorio.
“Por el descuido de los controles es que se ha entrado este señor (portador del COVID-19) de Guayaramerín y ahora los pobladores de Santa Ana se encuentran preocupados con esta situación. Ahora es ponerse a un cuidado personal, al menos aquí en la tranca tenemos que tener un control comunario como en el cuidado de pueblo para que no entren personas con enfermedades”, explicó Rivero.
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12 pueblos indígenas en situación de alta vulnerabilidad se encuentran amenazados
De acuerdo con los datos recopilados por el CPTA-Cejis, son 1.051 casos positivos de coronavirus próximos a los territorios de los pueblos indígenas Ayoreo, Yuracaré – Mojeño (Santa Cruz), Yuqui, Yuracaré, (Cochabamba y Santa Cruz), Cabineño, Canichana, Chacobo, Pacahuara, Chimán, Tsimane, Sirionó (Beni) y Weenayek (Tarija). Estos pueblos se encuentran catalogados como colectividades en alto grado de vulnerabilidad y están protegidos por la Ley N° 450 de Protección a Naciones y Pueblos Indígenas Originarios en Situación de Alta Vulnerabilidad.
La norma establece que para estos pueblos que se encuentran en peligro de extinción, aislamiento voluntarios o forzado, no contactados o en contacto inicial, o poseen una forma de vida transfronteriza, el nivel central del Estado debe activar mecanismos de prevención el ámbito de salud, tales como la ejecución de estrategias particularizadas y contextualizadas, además de la precautelar la soberanía alimentaria a través del control de la caza y pesca ilegal en sus territorios, entre otras medidas.
“Ninguna de estas medidas han sido implementadas durante el periodo de cuarentena; más al contrario, el gobierno nacional promulgó el Decreto Supremo Nº 4229 que permite el desarrollo de actividades mineras y agrícolas en territorios indígenas, como una medida para reactivar la actividad económica; sin establecer ningún protocolo que garantice la seguridad y la salud de los pueblos indígenas”, explica el director ejecutivo del Cejis, Miguel Vargas.
El viernes, las autoridades municipales y sanitarias de Macharetí confirmaron tres casos positivos de COVID-19 entre los trabajadores del pozo exploratorio Sipotindi X1, que se encuentra en este territorio; pero estos datos no habrían sido reportados a los Sedes de Chuquisaca ni de Santa Cruz. Asimismo, mediante un voto resolutivo exigieron a la empresa la cesación de sus actividades y el repliegue de sus trabajadores, tomando todas las medidas de bioseguridad pertinentes. El municipio de Macharetí se sobrepone al territorio indígena guaraní Ñankaroinsa-Karandaití.
El Director Ejecutivo del Cejis indicó que, a pesar de contar con un marco constitucional y legal que ampara a los pueblos indígenas en situación de alta vulnerabilidad en particular y al conjunto de comunidades indígenas que habitan el país y durante los dos meses de cuarentena, el gobierno nacional no ha desarrollado políticas con respuestas estructurales para atender las demandas de los pueblos indígenas para hacer frente a la crisis sanitaria, situación que aumenta la situación crítica que viven.