Ante denuncias, el gobierno regula la importación/exportación del mercurio
Exactamente hace un año, una delegación del Territorio Indígena Multiétnico II (TIM II) llegó a La Paz para denunciar la presencia irregular de dragas y balsas explotadoras de oro en el río Madre de Dios. El Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas (ODPIB), dependiente del CEJIS, hizo el seguimiento de ese proceso, verificando la actividad minera y la contaminación al medio ambiente y el impacto a la salud de las comunarias y comunarios de las comunidades de Sinaí, Loreto, Genechiquía, Palestina, Trinidadcito y Miraflores.
Estas y otras denuncias de contaminación de los ríos amazónicos con mercurio, a raíz de la explotación del oro aluvial, provocaron una reacción del gobierno boliviano que emitió un decreto para controlar la compraventa de ese insumo, aunque no regula su utilización por parte de los mineros auríferos.
El Decreto Supremo 4959 crea el Registro Único de Mercurio (RUME) y establece la autorización para importar y exportar el metal pesado.
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