Los corregidores del Territorio Indígena Multiétnico señalan al Tribunal Agroambiental, por admitir la demanda de un propietario privado que atenta contra las tierras colectivas, y exigen que las exconcesiones forestales sean tituladas a su favor, tal como lo ordena una sentencia agroambiental del año pasado. Ver completo
Empresas y la mediana propiedad, las tierras fiscales disponibles y no disponibles, y las tierras colectivas (indígenas y campesinas) fueron las áreas que presentaron, en ese orden, más quemas en su superficie en la reciente crisis de incendios en el país, según información del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA). La entidad calcula 3,3 millones de hectáreas afectadas con incendios en esta gestión. Ver completo
Las mujeres indígenas de la CNAMIB, reunidas en una Asamblea Consultiva, analizaron durante tres jornadas la situación de los territorios indígenas en el contexto de incendios, pérdida de fauna y sequía. En una declaración identificaron a los grandes propietarios como causantes de los incendios, y a los interculturales, como responsables de la deforestación, además expresaron su temor de que falten alimentos en sus familias, en próximas semanas y meses, debido a la quema de sus parcelas en los incendios.Ver completo
Fotos: Gentileza Bernardo Muiba
Las comunidades del Territorio Indígena Multiétnico (TIM) pelean contra el fuego, incluida su capital San José del Cabito, con 105 familias, y Natividad del Retiro, con 80. El Territorio Indígena Mojeño Ignaciano registró cinco comunidades afectadas de forma directa. Los territorios indígenas de la Amazonía Sur son los más afectados con estos siniestros: 25.270 focos de calor entre enero a octubre, según reporta el Centro de Planificación Territorial Autonómica (CPTA) del CEJIS.Ver completo
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La Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) niega información sobre autorizaciones y contratos de operación minera en territorios indígenas a las autoridades y organizaciones que demandan saber cuál es la dimensión de la presencia de esta actividad extractiva en sus territorios.
En septiembre pasado, ante la creciente problemática de la minería en territorios indígenas del Oriente, Chaco y Amazonía, la Central Indígena de Comunidades Originarias de Lomerío, la Central Indígena Paikoneka de San Javier, la Central de Pueblos Étnicos Mojeños del Beni (CPEMB), el Gran Consejo Chimán, la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG), la Subcentral de Pueblos Indígenas Movima (SPIM) y la Central Indígena de la Región Amazónica de Bolivia (CIRABO) presentaron solicitudes de información a la AJAM.
En cada caso, el objetivo de la solicitud es obtener información “acerca de autorizaciones transitorias especiales, áreas de operación minera, solicitudes de contratos administrativos mineros y licencias de prospección o reservas mineras” que se encuentren dentro de las jurisdicciones municipales que se sobreponen a territorios indígenas. Los territorios en cuestión son el Territorio Lomerío, Territorio Monte Verde, Territorio Guaraní Charagua Norte, Territorios Movima I y II, Territorio Indígena Tsimane, Territorio Mojeño Ignaciano y Territorios Chácobo Pacahuara, Cavineño, Tacana Kavineño y Multiétnico II.
La solicitud de información de las autoridades indígenas apela al artículo 24 de la CPE: “Toda persona tiene derecho a la petición de manera individual o colectiva, sea oral o escrita, y a la obtención de respuesta formal y pronta. Para el ejercicio de este derecho no se exigirá más requisito que la identificación del peticionario”.
Una resolución fantasma
A dos meses de esta solicitud, la AJAM no ha respondido de manera formal a las autoridades indígenas. Sin embargo, por vías no formales (explicación de funcionarios) rechazaron las solicitudes señalando la existencia de una resolución administrativa cuyo contenido tampoco se puede conocer.
Supuestamente emanada de la Resolución Administrativa AJAM/DJU/RES-ADM/9/2023 figura una nómina de contenido público: Catálogo de Servicios y Productos de la AJAM. Esta lista establece la “Suspención (sic) de la emisión servicios de Cartografía con código SC-12 al SC-24 y la emisión de Certificados de Registro Minero C-02 y C03”. Esto implica mapas mineros de nivel nacional, departamental y municipal.
La solicitud de información de las autoridades indígenas significa la compra de este insumo, como ha sucedido en anteriores oportunidades, y este es un hecho establecido para el público en general que se debe ejecutar en el lapso de cinco días.
“Este hecho es una violación a los derechos de los pueblos indígenas porque quiere decir que no pueden saber qué es lo que está pasando en sus territorios. Una resolución administrativa no puede estar en contra de los mandatos de la Constitución”, dijo Micaela Noriega, abogada del Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (CEJIS).
Esto sucede además después de que el 22 de abril de 2021 entrara en vigencia en Bolivia el Acuerdo de Escazú que garantiza el acceso a información pública, la participación de la sociedad y el acceso a la justicia en asuntos ambientales.
Vulneración al derecho de acceso a la información
La decisión de la AJAM vulnera no solo la Constitución Política del Estado, sino que al mismo tiempo es contraria a las previsiones del mencionado Acuerdo de Escazú, ratificado por el Estado Plurinacional en 2019 y puesto en vigencia en 2021.
El director ejecutivo del CEJIS, Miguel Vargas, explica que las comunidades indígenas se ven seriamente afectadas en su derecho a vivir en un medio ambiente sano a consecuencia de la presencia de actividades mineras, por lo que sus organizaciones requieren acceder a información sobre ese tópico para enfrentar los impactos. Por ello, la decisión de la AJAM contraviene al artículo 5 del Acuerdo de Escazú, el mismo que obliga al Estado boliviano a garantizar el derecho de la población a acceder a la información ambiental en el marco del principio de máxima publicidad.
En el marco del Acuerdo de Escazú, el derecho al acceso a la información ambiental comprende: a) solicitar y recibir información de las autoridades sin mencionar interés especial ni justificar las razones por las que se solicita; b) informarse en forma expedita sobre si la información solicitada está o no en poder de la autoridad competente que recibe la solicitud; c) informarse del derecho a impugnar y recurrir la no entrega de información y los requisitos para ejercer ese derecho.
Los cinco pueblos indígenas que forman parte del Territorio Multiétnico (TIM) posesionaron a los miembros del ejecutivo y legislativo de su primer gobierno autónomo que se constituye a la vez en la primera autonomía de base territorial en las tierras bajas de Bolivia. El cacique Alfredo Matareco, ahora a la cabeza de la autonomía indígena, convocó a los cinco pueblos del TIM a no cansarse frente a la tarea de construir y levantar la estructura gubernamental indígena.Ver completo
El Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) ha sido afectado con incendios en 11 mil hectáreas en el último mes. El fuego se ubica principalmente en el área sobrepuesta al departamento del Beni. Los dirigentes indígenas exigen a las autoridades activar la ayuda y asistencia ante la pérdida de sus plantaciones, la afectación a la salud de la población y la amenaza permanente del siniestro a sus comunidades.
En contacto telefónico con el Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas de Bolivia (ODPIB), Essaud Molina Nogales, presidente del TIPNIS, explicó que está fatigado de tanto buscar ayuda porque el fuego está arrasando tanto bosque como pampa y “chamusca” las plantaciones de yuca y plátano de las comunidades, inclusive sin llegar a ellas.
En los últimos tres meses, según reporta el Centro de Planificación Territorial Autonómica (CPTA) del CEJIS, los territorios indígenas más afectados son el Territorio Cavineño, en el norte amazónico; el Territorio Indígena Chimán y el TIPNIS, en la amazonía sur; el Territorio Guarayo y el Territorio Monte Verde, en la Chiquitanía; y el Territorio Guaraní del Isoso, en el Chaco.
«La humareda está intensa en Nueva Trinidad, San Ramoncito, Providencia, San Antonio, San José de Patrocinio, Trinidadcito. Ahurita el fuego está entre Esperanza y Dulce Nombre, afecta a Altagracia, Limoncito y Villa Nueva”, describió Molina, hablando del TIPNIS. Este territorio registra más de 11 mil hectáreas afectadas en el último mes (al 3 de noviembre), y 2.449 focos de calor activos.
Victor Mayer, otro dirigente del TIPNIS, explicó que también tiene reportes de fuego en territorio del Gran Consejo Chimán. Las plantaciones de plátano se quemaron porque “está seco, seco, sumamente seco”.
DECLARAR DESASTRE
El alcalde de San Ignacio de Moxos, Juan Carlos Abularach, emitió una declaratoria de emergencia municipal el 27 de octubre “debido a la confirmación de elevados focos de calor, sequía e incendio forestal y que están poniendo el riesgo la vida e integridad de las personas, salud, biodiversidad, seguridad alimentaria y economía en toda la provincia Moxos”.
Sin embargo de esa acción, Essaud Molina dijo que se necesita una declaratoria de desastre para activar acciones concretas desde la Gobernación del Beni. Hasta el momento, los comunarios acudieron a ese nivel estatal en busca de equipos y movilización de personal, pero no tuvieron respuesta.
La Gobernación del Beni emitió este lunes una declaratoria de desastre departamental, pero define que solo se podrá activar los mecanismos para la asistencia a los municipios que se declaren a su vez en desastre municipal.
La senadora Cecilia Moyoviri confirmó que en la zona central del TIPNIS hay fuego desde Trinidadcito hasta San Ramoncito, y por el Parque Isiboro Sécure, desde las comunidades de Santa Rosa hasta San Miguelito y Santa Teresa.
El TIPNIS colinda con la zona cocalera del Chapare y sus comunidades se ven asediadas no solo por la ampliación de la frontera agrícola sino, desde el año 2010, con la decisión gubernamental de construir la carretera Villa Tunari – San Ignacio de Moxos que pretende atravesar la zona núcleo del territorio.
Esto sucede en un contexto en que las leyes, decretos supremos y resoluciones de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT) permiten legalizar áreas desmontadas sin autorización; dan luz verde para el desmonte en superficies de hasta 20 ha; y permiten la deforestación en el departamento del Beni con la modificación del Plan de Uso de Suelos (PLUS) departamental.
En las últimas, semanas el fuego en el departamento del Beni afectó una superficie de 1.6 millones de hectáreas, la modificación en el uso del suelo para ampliar la frontera agrícola promoviendo la producción agrícola y agropecuaria extensiva y la situación de sequía extrema que vive el departamento son las causas de una serie de impactos al medio ambiente, la salud de las comunidades y sus derechos territoriales.
Ante un evidente problema de salud en las comunidades indígenas por la contaminación de la minería del oro en los ríos amazónicos, el Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (CEJIS) y el Centro de Documentación e Información Bolivia (CEDIB) convocaron a un taller para analizar los “Impactos del mercurio en la salud” ante un auditorio formado por representantes indígenas y de distintos niveles de gobierno, además de funcionarios de salud. Ver completo
Las organizaciones indígenas de la Amazonía acordaron una articulación para proteger a los pueblos indígenas en aislamiento voluntario y contacto inicial (PIAV-PIACI) de esa región, lo que implica respetar su modo de vida y su libre determinación. Un encuentro de dos jornadas realizado en Riberalta permitió evaluar las amenazas que enfrentan estos pueblos y generar compromiso y acuerdos ante esa situación crítica.Ver completo
En el país se han registrado más de 256 mil focos de calor en el año. De ese total, el 10% (25.291 focos) ha afectado la superficie de territorios indígenas titulados en la región de Oriente, Chaco y Amazonía, según el Centro de Planificación Territorial Autonómica del CEJIS. En los últimos años, como efecto de las políticas estatales para ampliar la frontera agrícola, las comunidades indígenas se han visto seriamente amenazadas por incendios y falta de agua, por eso aplican controles internos de quemas y demandan atención al gobierno nacional ante la sequía. Ver completo
