La Asamblea Extraordinaria de la Central Indígena de Comunidades Originarias de Lomerío (CICOL), en Santa Cruz, ratificó su demanda en el cumplimiento de los procesos de consulta previa, libre e informada hacia las comunidades indígenas, a cualquier empresa u operadora que pretenda desarrollar actividades de extracción de recursos naturales al interior del territorio, además de coordinar estas acciones con la organización del territorio.
Libre determinación
A 11 años de comenzar la demanda de acceso a la autonomía indígena, el Territorio Indígena Multiétnico (TIM 1), en Beni, recibió este viernes la Declaración Constitucional 0033/2021 del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) que declara la compatibilidad plena con la Constitución Política del Estado de los dos artículos del estatuto autonómico indígena que fueron modificados en el encuentro de corregidores que realizaron en 2020, cuando también aprobaron la norma autonómica de acuerdo a sus normas y procedimientos propios.
Las 23 comunidades que integran el Territorio Indígena y Reserva de la Biosfera Pilón Lajas, en el departamento de La Paz, emitieron un pronunciamiento público a través del cual expresan su “absoluto rechazo” a las actividades mineras que se vienen desarrollando en al interior del territorio indígena, a la vez de declararse en estado de emergencia ante esta situación.
El pueblo indígena Cavineño, que forma parte del municipio de Reyes, en Beni, logró la restitución del distrito municipal indígena Cavinas N° 5, así como de su subalcalde electo por normas y procedimientos propios, luego de una reunión que sostuvieron el sábado 28 de agosto con la alcaldesa Mercedes Molina Vásquez. El nuevo subalcalde comenzará a ejercer sus funciones desde el 1 de septiembre.
El Órgano Deliberativo de la Nación Indígena Cavineña, en Beni, en ejercicio de sus normas y procedimientos propios aprobó por aclamación su proyecto de estatuto autonómico indígena, que ahora deberá ser remitido al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) para la revisión de constitucionalidad. Este es uno de los últimos requisitos que la norma exige a los procesos de autonomía indígena a través de la vía territorial, para acceder a la cualidad de gobierno indígena.
El Órgano Deliberativo de la Nación Cavineña, en Beni, comenzó este lunes la sesión en la que prevén revisar y aprobar cada uno de los 82 artículos que componen su proyecto de estatuto autonómico indígena, para luego enviarlo al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) para el control de constitucionalidad.
Las ocho subcentrales y cabildos indigenales que conforman la Central de Pueblos Étnicos Mojeños del Beni (CPEM-B), emitieron una serie de mandatos para sus asambleístas departamentales, donde, entre otros, les demandan desarrollar una propuesta para que los pueblos indígenas tengan una mayor representación en el legislativo, y sea incorporado en el proyecto de estatuto autonómico departamental que fue presentado al Tribunal Constitucional Plurinacional.
A través de distintos votos resolutivos, las y los corregidores del Territorio Indígena Multiétnico (TIM I), en Beni, demandaron al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), Asamblea Legislativa Plurinacional, Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras y al Viceministerio de Autonomías dar viabilidad a los trámites para consolidar su gobierno indígena.
Una comisión de indígenas de los territorios Monkoxi de Lomerío (Santa Cruz) y del Multiétnico I (Beni) llegaron a La Paz para hacer seguimiento a los proyectos de Ley de Creación de Unidad Territorial que se encuentran en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP). Las leyes son uno de los requisitos que les exige la norma para acceder a la autonomía indígena, proceso en el que se encuentran ambos territorios.
En el contexto de las Elecciones Generales 2020, la Central Indígena de Comunidades Originarias de Lomerío (CICOL), la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG) y la Asociación de Pueblos Indígenas de Santa Cruz de la Sierra (APISACS), junto al Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (CEJIS), pusieron en marcha un ejercicio piloto de observación electoral en territorios indígenas, a fin de identificar los principales factores que restringen o limitan el derecho a elegir de las y los ciudadanos que habitan en el territorio indígena de Lomerío, en el Gobierno Indígena de Charagua Iyambae – que además forman parte de la circunscripción especial indígena correspondiente a Santa Cruz- y en el barrio interétnico Vallecitos II (Santa Cruz de la Sierra).