La Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) niega información sobre autorizaciones y contratos de operación minera en territorios indígenas a las autoridades y organizaciones que demandan saber cuál es la dimensión de la presencia de esta actividad extractiva en sus territorios.
En septiembre pasado, ante la creciente problemática de la minería en territorios indígenas del Oriente, Chaco y Amazonía, la Central Indígena de Comunidades Originarias de Lomerío, la Central Indígena Paikoneka de San Javier, la Central de Pueblos Étnicos Mojeños del Beni (CPEMB), el Gran Consejo Chimán, la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG), la Subcentral de Pueblos Indígenas Movima (SPIM) y la Central Indígena de la Región Amazónica de Bolivia (CIRABO) presentaron solicitudes de información a la AJAM.
En cada caso, el objetivo de la solicitud es obtener información “acerca de autorizaciones transitorias especiales, áreas de operación minera, solicitudes de contratos administrativos mineros y licencias de prospección o reservas mineras” que se encuentren dentro de las jurisdicciones municipales que se sobreponen a territorios indígenas. Los territorios en cuestión son el Territorio Lomerío, Territorio Monte Verde, Territorio Guaraní Charagua Norte, Territorios Movima I y II, Territorio Indígena Tsimane, Territorio Mojeño Ignaciano y Territorios Chácobo Pacahuara, Cavineño, Tacana Kavineño y Multiétnico II.
La solicitud de información de las autoridades indígenas apela al artículo 24 de la CPE: “Toda persona tiene derecho a la petición de manera individual o colectiva, sea oral o escrita, y a la obtención de respuesta formal y pronta. Para el ejercicio de este derecho no se exigirá más requisito que la identificación del peticionario”.
Una resolución fantasma
A dos meses de esta solicitud, la AJAM no ha respondido de manera formal a las autoridades indígenas. Sin embargo, por vías no formales (explicación de funcionarios) rechazaron las solicitudes señalando la existencia de una resolución administrativa cuyo contenido tampoco se puede conocer.
Supuestamente emanada de la Resolución Administrativa AJAM/DJU/RES-ADM/9/2023 figura una nómina de contenido público: Catálogo de Servicios y Productos de la AJAM. Esta lista establece la “Suspención (sic) de la emisión servicios de Cartografía con código SC-12 al SC-24 y la emisión de Certificados de Registro Minero C-02 y C03”. Esto implica mapas mineros de nivel nacional, departamental y municipal.
La solicitud de información de las autoridades indígenas significa la compra de este insumo, como ha sucedido en anteriores oportunidades, y este es un hecho establecido para el público en general que se debe ejecutar en el lapso de cinco días.
“Este hecho es una violación a los derechos de los pueblos indígenas porque quiere decir que no pueden saber qué es lo que está pasando en sus territorios. Una resolución administrativa no puede estar en contra de los mandatos de la Constitución”, dijo Micaela Noriega, abogada del Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (CEJIS).
Esto sucede además después de que el 22 de abril de 2021 entrara en vigencia en Bolivia el Acuerdo de Escazú que garantiza el acceso a información pública, la participación de la sociedad y el acceso a la justicia en asuntos ambientales.
Vulneración al derecho de acceso a la información
La decisión de la AJAM vulnera no solo la Constitución Política del Estado, sino que al mismo tiempo es contraria a las previsiones del mencionado Acuerdo de Escazú, ratificado por el Estado Plurinacional en 2019 y puesto en vigencia en 2021.
El director ejecutivo del CEJIS, Miguel Vargas, explica que las comunidades indígenas se ven seriamente afectadas en su derecho a vivir en un medio ambiente sano a consecuencia de la presencia de actividades mineras, por lo que sus organizaciones requieren acceder a información sobre ese tópico para enfrentar los impactos. Por ello, la decisión de la AJAM contraviene al artículo 5 del Acuerdo de Escazú, el mismo que obliga al Estado boliviano a garantizar el derecho de la población a acceder a la información ambiental en el marco del principio de máxima publicidad.
En el marco del Acuerdo de Escazú, el derecho al acceso a la información ambiental comprende: a) solicitar y recibir información de las autoridades sin mencionar interés especial ni justificar las razones por las que se solicita; b) informarse en forma expedita sobre si la información solicitada está o no en poder de la autoridad competente que recibe la solicitud; c) informarse del derecho a impugnar y recurrir la no entrega de información y los requisitos para ejercer ese derecho.
Los cinco pueblos indígenas que forman parte del Territorio Multiétnico (TIM) posesionaron a los miembros del ejecutivo y legislativo de su primer gobierno autónomo que se constituye a la vez en la primera autonomía de base territorial en las tierras bajas de Bolivia. El cacique Alfredo Matareco, ahora a la cabeza de la autonomía indígena, convocó a los cinco pueblos del TIM a no cansarse frente a la tarea de construir y levantar la estructura gubernamental indígena.(más…)
Las organizaciones indígenas de la Amazonía acordaron una articulación para proteger a los pueblos indígenas en aislamiento voluntario y contacto inicial (PIAV-PIACI) de esa región, lo que implica respetar su modo de vida y su libre determinación. Un encuentro de dos jornadas realizado en Riberalta permitió evaluar las amenazas que enfrentan estos pueblos y generar compromiso y acuerdos ante esa situación crítica.(más…)
La persistencia de las comunidades del Territorio Indígena Multiétnico (TIM), en más de una década de buscar su autonomía, se vio coronada en el Encuentro de Corregidores del pasado 23, 24 y 25 de julio cuando pudieron elegir a sus autoridades del órgano ejecutivo y la asamblea legislativa. Un joven ignaciano, Alfredo Matareco, fue elegido como el cacique del nuevo gobierno indígena.(más…)
Los cinco pueblos del Territorio Indígena Multiétnico (TIM) se preparan para constituir por primera vez su gobierno autónomo en el Encuentro de Corregidores que congregará a alrededor de 1.200 delegados y delegadas en la comunidad de San José del Cavitu, en el departamento del Beni. La experiencia será la primera elección de autoridades en una autonomía indígena de base territorial en las tierras bajas de Bolivia.
La historia dice que las órdenes religiosas católicas, primero, y las Fuerzas Armadas, después, se apropiaron del territorio cavineño de selvas y llanuras durante el siglo XX. Ante los delegados de la Asamblea Consultiva de la nación cavineña, el pasado 8 de junio, esos sucesos se hicieron memoria en las voces de los antiguos dirigentes momentos antes de aprobar por aclamación el Estatuto Autonómico con el que se autogobernarán, por fin, en su propio territorio.(más…)
La nación cavineña recibió el lunes 10 de abril, en Sucre, la declaratoria de constitucionalidad plena para su estatuto autonómico, que fue aprobado sin observaciones, lo que le habilita para entrar a la recta final en la constitución de su gobierno indígena en su territorio ubicado en la amazonía norte del país.(más…)
La nación cavineña recibió el pasado lunes, en Sucre, la declaratoria de constitucionalidad plena para su estatuto autonómico, que fue aprobado sin observaciones, lo que le habilita para entrar a la recta final en la constitución de su gobierno indígena en su territorio ubicado en la amazonía norte del país.
El capitán grande de la Organización Indígena de Cavineños de la Amazonia (OICA), Sandro Vaca, expresó su alegría ante la decisión emitida por el Tribunal Constitucional Plurinacional. “Desde que empezamos en el 2009 hasta ahora, seguimos en la lucha de cumplir con los sueños. Son más de 14 años, pero seguimos firmes trabajando para lograr el objetivo de nuestro autogobierno y autodeterminación”, dijo Vaca.
El territorio indígena cavineño abarca los municipios de Reyes, Riberalta y Santa Rosa del departamento del Beni. “Tenemos más de 400 mil hectáreas tituladas porque primero que nada hemos luchado por el territorio”, informó Vaca, en referencia a la TCO Cavineño.
La Declaración Constitucional 029/2022, emitida el noviembre del año pasado y entregada esta semana a los cavineños, establece la compatibilidad total del proyecto de estatuto de la autonomía indígena originaria campesina de la nación cavineña con la CPE, en el marco del control previo de constitucionalidad.
Para el director del Centro de Estudios Jurídicos y Sociales (Cejis), Miguel Vargas Delgado, se trata de un paso importante para el proceso autonómico indígena en el país porque se declara la compatibilidad total del proyecto de estatuto autonómico con la Constitución Política del Estado.
“Es la segunda declaración de compatibilidad de un estatuto autonómico en el departamento del Beni para un proceso de autonomía de base territorial, luego del TIM (Territorio Indígena Multiétnico)”, dijo Vargas Delgado. El Cejis acompaña esta parte del proceso de conformación de la autonomía cavineña.
El paso siguiente es que el órgano deliberativo de la OICA defina una fecha para la aprobación de su estatuto por normas y procedimientos propios, actividad en la que deberá participar el Tribunal Electoral. Una vez cumplido este paso, la Asamblea Legislativa Plurinacional deberá tratar la creación de la unidad territorial para integrarla al mapa político-administrativo del país. El siguiente peldaño para los cavineños será, en el marco de esa jurisdicción, la constitución del gobierno indígena propiamente dicho.
“Más de 3.000 personas estamos habitando en el territorio. Siempre estamos pidiendo el autogobierno por mucha desatención de las autoridades (estatales)”, comentó Vaca.
El 15 de agosto de 2009, en un consejo consultivo en la comunidad Baqueti, las 27 comunidades de la nación cavineña expresaron su deseo de convertirse en autonomía indígena con base en su territorio ancestral. En julio de 2021, las comunidades aprobaron por unanimidad su estatuto autonómico indígena que luego fue enviado a control de constitucionalidad en el Tribunal Constitucional.
Después de más de 10 horas de debate, las autoridades de la Central de Pueblos Indígenas de La Paz (CPILAP) y representantes del Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap) y del Viceministerio de Medio Ambiente suscribieron este lunes un acta de acuerdo a través del cual anulan el convenio suscrito con los mineros cooperativistas, para la explotación de oro en las áreas protegidas Madidi, Cotapata y Apolobamba, en el norte de La Paz.
El proyecto de fue enviado a la Cámara de Diputados para el tratamiento correspondiente.