Después de más de 10 horas de debate, las autoridades de la Central de Pueblos Indígenas de La Paz (CPILAP) y representantes del Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap) y del Viceministerio de Medio Ambiente suscribieron este lunes un acta de acuerdo a través del cual anulan el convenio suscrito con los mineros cooperativistas, para la explotación de oro en las áreas protegidas Madidi, Cotapata y Apolobamba, en el norte de La Paz.
Libre determinación
El proyecto de fue enviado a la Cámara de Diputados para el tratamiento correspondiente.
Confesor Tirina, monitor territorial del Territorio Indígena Multiétnico II (TIM II) y miembro de la comunidad Genechiquia del pueblo Ese Ejja, dio a conocer que en el río Madre de Dios, en Pando, se vierten desde aceites, combustibles y mercurio desechados por las balsas que extraen oro de estas aguas.
Desde daños a la salud de las personas por el consumo de peces contraminados con mercurio, hasta el deterioro de los territorios y regiones de donde se extrae el oro, son solo algunos efectos que los representantes del Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (CEJIS) y del Centro de Investigación y Documentación (CEDIB) señalaron como los ocasionados por el uso de mercurio en la explotación de oro en los ríos Madre de Dios y Beni, en la Amazonía Norte de Bolivia, durante el conversatorio que abordó esta temática.
De acuerdo a un diagnóstico desarrollado por el Territorio Indígena Multiétnico II (TIM-II) y la Central Indígena de la Región Amazónica de Bolivia (CIRABO), en 2021 identificaron que solo 14 de las 180 balsas que trabajan en la extracción de oro en el río Madre de Dios, en el tramo que atraviesa el territorio indígena, operaban de forma legal al interior de las dos autorizaciones transitorias especiales otorgadas por el Estado.
El Territorio Indígena Multiétnico I (TIM I), en Beni, aprobó la actualización de su estatuto orgánico territorial, en el que se incorporaron elementos para un mejor ejercicio de sus derechos, en especial el de la libre determinación, así como la coordinación entre las comunidades, la Subcentral de Cabildos Indigenales, la Subcentral de Mujeres Indígenas y el Gobierno Autónomo Indígena cuando este se constituya.
Los territorios de la Nación Monkoxi de Lomerío, Monte Verde (Santa Cruz) y el Territorio Indígena Multiétnico I (TIM I), en Beni, desarrollaron protocolos y normas territoriales con el objetivo de ejercer su derecho a la consulta previa, libre e informada que les garantiza la Constitución Política del Estado en su calidad de pueblos indígenas.
En el territorio indígena de la Nación Monkoxi de Lomerío, en Santa Cruz, comenzaron la construcción de un protocolo para el desarrollo de los procesos de consulta previa, libre e informada en las 29 comunidades que integran este pueblo indígena.
Las autoridades del Territorio Indígena Mojeño Ignaciano (TIMI), en el departamento del Beni, anunciaron la aplicación de la jurisdicción indígena en los constantes casos de avasallamiento que estarían sufriendo sus comunidades, por parte de terceros.
Las autoridades de las tres centrales indígenas chiquitanas, propietarias del Territorio Indígena de Monte Verde, en Santa Cruz, denunciaron este miércoles que la Autoridad de Bosques y Tierras (ABT) de Guarayos habría otorgado licencias para el desarrollo de planes de gestión territorial al interior de este territorio.