UN 15 DE AGOSTO SE INICIARON DOS MARCHAS INDÍGENAS QUE ABRIERON Y CERRARON UN CICLO

Bastaron pocos años -después de la expulsión a la compañía de Jesús-, para que la administración colonial primero y la administración del Estado Republicano después saqueen las grandes riquezas que los pueblos indígenas mojeños en cogobierno con los jesuitas habían logrado durante casi 100 años de transformación socioeconómica en las reducciones de mojos. Esta nueva situación de pueblo oprimido y de pérdida de autonomía a la que fueron sometidos los mojeños, incubó la creencia de la existencia de un lugar sagrado en el Bosque destinado exclusivamente para ellos, denominada “Loma Santa”, años más tarde, esta convicción da como resultado movilizaciones mesiánicas de pueblos íntegros que abandonaban los centros poblados para internarse en el bosque en busca de este lugar sagrado “Loma Santa” lo que permitió a los pueblos mojeños el retorno a sus bosques ocupando el sur del Departamento de Beni.
Según los mojeños, en la Loma Santa, encontrarían lo que les había arrebatado el karayana[1], sus tierras, su ganado, sus casas, su fuerza de trabajo. Es decir, su libertad y su seguridad material, libertad entendida como independencia total, vivir así, como crean conveniente, en sus propias reglas y normas como pueblo, con su propia administración y la seguridad material, entendida en contar con suficientes alimentos, ropa y herramientas. La Loma Santa, es por tanto, para ellos, un lugar de justicia, lugar que Dios les entregó en recompensa por la injusticia que sufrieron en manos de los “karayanas”, lo que una vez se tuvo y se perdió”. Se constituye en la utopía de una nueva situación como pueblo. “…Propugna la instauración de una sociedad en la cual no existen las presiones que los blancos y mestizos ejercían sobre la población indígena. Se piensa que esta sociedad blanca-mestiza, portadora del mal, será destruida por un cataclismo. Simultáneamente, los mojeños encontraran su paraíso inaugurándose así, un tiempo de abundancia, tranquilidad y libertad…”
Aquella relativa tranquilidad de las comunidades en los bosques terminaría los años 80 cuando las motosierras empezaron a bramar en el área denominada “bosque de chimanes[2]” y las empresas madereras privadas empezaron a explotar la abundante riqueza que se encontraban en sus bosques. Las comunidades no tenían derechos de impedir la explotación de estos recursos por los agentes del desarrollo y progreso, empresas madereras que con la autorización del Estado concesionaron estas áreas con la justificación que eran “espacios deshabitados”. El saqueo de la madera implicaba en muchos casos el envenenamiento de sus ríos, la caza de sus animales y el abuso del personal de las empresas a las comunidades.
Fue quizá este, el detonante principal que llevo a las comunidades mojeñas tanto de Bosque de Chimanes hoy conocidos como TIM 1 y las comunidades del isiboro y el Secure hoy conocidos como TIPNIS -ambos mayoritariamente mojeños, cuya presencia en estos bosques fue gracias a las movilizaciones en busca de la Loma Santa- a movilizarse e interpelar a ese Estado que años atrás habían rechazado o evadido, no les quedó otro camino que acudir a éste y desde sus cabildos Indigenales[3] -estructuras organizativas de nivel comunal- constituyeron articulaciones supracomunales conocidas hoy en día como las Subcentrales [4] sea del TIM 1 o sea del TIPNIS que junto al Gran Cabildo indigenal de la ciudad de Trinidad encabezaron la primera movilización de pueblos indígenas de tierras bajas de Bolivia el año 1990.
Fue así, que un día como hoy 15 de agosto, partieron del mismo punto –la ciudad de la santísima Trinidad- las dos movilizaciones indígenas que abren y cierran un ciclo vigoroso de transformaciones en la historia de Bolivia. La primera marcha del año 1990 denominada “Por el territorio y la dignidad” y la octava marcha del año 2011 más conocida como “por la defensa del TIPNIS”.
La Marcha por el Territorio y la Dignidad es la acción colectiva más importante porque de ser un movimiento específico en la región del sur del departamento de Beni, pasa a convertirse en el eje articulador de las expectativas de los pueblos indígenas de las tierras bajas de Bolivia, en el fondo planteó una interpelación a las bases estructurales de la institucionalidad colonial exigiendo la inclusión de los pueblos indígenas en su condición de pueblos con sus cosmovisiones, identidades y horizontes societales diversos. Esta interpelación a la matriz civilizatoria occidental desencadena un conjunto de efectos que no pueden cuantificarse a partir de los acuerdos conseguidos con el gobierno de entonces –que de hecho fueron importantes- sino, por los efectos estructurales que modificaron la cultura política de la sociedad, que implico un cambio de creencias sociales, la incorporación del pluralismo, la interculturalidad y la inclusión como valores que fueron resquebrajando los cimientos epistemológicos tradicionales e incubando la necesidad de refundar un nuevo Estado.
Planteamientos como el reconocimiento de territorios indígenas, el ejercicio de la libre determinación o reconocimiento de sus propias instituciones en cuanto a la administración de justicia, no eran compatibles con el diseño de la institucionalidad republicana liberal, planteamientos sin sentido, en la lógica de los políticos sean de izquierda o de derecha de aquel momento, evidentemente eran piezas que no encajaban si no se repensaba o reinventaba toda la institucionalidad estatal. En este sentido, la reforma de la CPE de 1994 en sus artículos 1 y 171, así como, la promulgación posterior de importantes normas que incluyeron -aunque de forma parcial- los derechos de los pueblos indígenas, como el derecho colectivo al territorio cuya denominación fueron las TCOs[5], entre otras conquistas, seguirían siendo parciales si no se refundaba el Estado.
a comienzos del nuevo siglo cuando se recrudecieron las disputas por la tierra en las tierras bajas de Bolivia indígenas y campesinos -en sus diferentes versiones- tuvieron que aliarse, y coincidieron también los planteamientos inclusivos y pluralistas de los indígenas con los movimientos de resistencia al modelo neoliberal, como las denominadas guerra del Agua y guerra del Gas, se nutren del planteamiento de Asamblea Constituyente que pueblos indígenas en su articulación como Bloque Oriente logran introducir en la cuarta marcha indígena de 2002 su demanda de refundación del Estado en la agenda nacional.
Esta alianza social indígena-campesina nutrida posteriormente por muchos afluentes que actuaba con relativa independencia antes y durante el proceso constituyente, gozo como bloque con cierta autonomía hasta consolidar al MAS en el poder del Estado, y es el mismo MAS que en uso del Estado que controló al bloque social que dio lugar el proceso constituyente. En este sentido, la aprobación de la nueva CPE el año 2009 será el último acto de respaldo espontaneo de los pueblos indígenas cuyos intereses coincidían en parte con el nuevo gobierno.
Posteriormente Al celebrarse las elecciones nacionales el año 2009 se denota, que el partido de gobierno establece una nueva alianza con los sectores reaccionarios, adversarios derrotados que son incorporados en sus filas ocupando importantes cuotas de poder, el retorno hacia el viejo proyecto político había empezado. El año 2010 se desarrolla una (marcha) movilización indígena debido a que la legislación derivada de la nueva Constitución (ley marco de autonomías), al contrario de profundizar el carácter pluralista y comunitario para desmontar el viejo Estado monocultural establece mecanismos que refuerzan y consolidan éste. Era evidente que los derechos establecidos en la CPE de 2009 y otras normas aprobadas en el periodo 2005-2009 favorable a los pueblos indígenas se constituían en trabas para implementar el proyecto desarrollista del modelo económico basado en el extractivismo.
Por ello, la decisión unilateral del gobierno de construir una carretera por medio de un territorio indígena y área protegida, sin un estudio de impacto ambiental previo, sin consulta de los titulares del derecho propietario, grafica el carácter señorial del gobierno frente a los pueblos indígenas, el carácter de irrespeto a las normas por el mismo aprobadas, y el carácter autoritario frente a decisiones que deben consensuarse, Provocando el año 2011 -como en el `90 del siglo pasado- una movilización que interpelaba nuevamente al Estado las viejas prácticas coloniales que a pesar de un conjunto de derechos conquistados se volvían a repetir.
Empero ¿Porque planteo que la marcha del 2011 representa el cierre de un ciclo vigoroso de transformaciones sociales que surge con la marcha de 1990?
Los efectos sociales y jurídicos que desencadena la marcha del 90 evidentemente alimentadas con las subsiguientes movilizaciones del 96 del 2002 y las alianzas y articulaciones sociales aportan sustancialmente a la configuración del proyecto pluralista y comunitario que se inaugura con la aprobación de la CPE de 2009, es a partir de este mismo año, que el gobierno después de su contundente triunfo electoral con dos tercios en la Asamblea legislativa que abandona este proyecto pluralista y comunitario y empieza desde la legislación derivada la abierta restauración de la institucionalidad colonial y de las prácticas del viejo Estado Monocultural.
La marcha de 2011 expresa entre otras cosas la ruptura del movimiento indígena con el gobierno y sus incondicionales, esta movilización, puso en evidencia ante el pueblo boliviano y la comunidad internacional un conflicto global que tiene que ver con el choque de dos proyectos civilizatorios, el que propugnan los pueblos indignes desde la marcha del 90 basados en el respeto la madre tierra, a la naturaleza y a la vida en el horizonte del vivir bien, frente al viejo modelo económico capitalista basado en la búsqueda de la prosperidad y el confort individual a cualquier costo. Por ello, Chaparina, Tacovo Mora, el Chepete, el Bala, Rositas, el TIPNIS serán pequeños sacrificios para alcanzar el desarrollo, el progreso que habrá que ver a quienes beneficiará.
También, representa el cierre de ese vigoroso ciclo de transformaciones esencialmente porque el movimiento indígena se constituyó en un actor político portador de la interpelación profunda al modelo civilizatorio, muy peligroso para quienes administran el poder si es que no logran debilitarlo y/o controlarlo. Por ello, prácticamente se ha desmantelado las estructuras organizativas del movimiento indígena y originario, se ha burocratizado o chantajeado a importantes figuras políticas indígenas, se les ha despojado de sus narrativas discursivas y de sus banderas políticas para utilizarlas en su propio debilitamiento y desvío del planteamiento pluralista y comunitario que encarnaban sus luchas.
Tanto la marcha de 1990 como la de 2011, emergen como una lucha simbólica para desplazar o cuestionar a otros valores dominantes a partir de los cuales se organizan las posiciones e intereses de los miembros de la sociedad. El movimiento social como lucha por imponer definiciones de valores y creencias y no necesariamente como búsqueda de resultados tangibles, metas materiales. Si bien la marcha de 1990 inauguro un ciclo que esencialmente interpela al Estado colonial republicano, incorpora principios y creencias que formaran en adelante bases de la nueva cultura política como el pluralismo y la inclusión que fueron asumidas en la Constitución del 2009. Por su lado, la marcha de 2011 anuncia la ruptura del movimiento indígena con el gobierno frente a la restauración de las prácticas señoriales, autoritarias y violatoria de sus derechos conquistados y denuncia la apropiación y uso degradante de las narrativas y simbologías indígenas para maquillar el viejo estado monocultural.
Como en su momento la marcha de 1990 “por el Territorio y la Dignidad” marcó un horizonte a una generación cuya lucha fue carcomiendo las bases del viejo Estado colonial, la marcha de 2011 por la defensa del TIPNIS incubó una nueva generación cuya sensibilidad empezó a manifestarse de manera expontanea en la defensa del medio ambiente, los derechos de los pueblos indígenas, la democracia y la vida, ello explica, que de pronto sin ninguna conexión orgánica se abran vigilias y movilizaciones sociales en Tarija, en Potosí, en sucre, así como en el eje central de nuestro país en defensa y solidaridad con el TIPNIS, el desafío de esta “generación TIPNIS” será articularse y construir un planteamiento nacional y global, tendrán que encontrar la ruta que supere los mitos del desarrollo y del progreso tan nocivos para nuestros pueblos, una búsqueda de un nuevo horizonte civilizatorio, una búsqueda de la “loma santa” para toda la humanidad.
[1] Refiriéndose a la sociedad blanca mestiza.
[2] Bosque de Chimanes se denominaba al espacio ocupado por las comunidades mojeñas ubicadas al sur de san Ignacio de mojos y que hoy constituyen el Territorio Indígena Multiétnico TIM 1.
[3] La organización comunal que rige la vida de las comunidades de manera integral en los planos productivos, religiosos y socioculturales y políticos. Fue un diseño introducido por los jesuitas.
[4] La Subcentral es un nuevo acoplamiento funcional a la organización tradicional mojeña que requería asumir nuevas áreas para que el Cabildo Indigenal no estaba diseñado, como fue la problemática agraria vinculada al Estado nacional.
[5] habiendo consolidado en la actualidad mas de 12 millones de has. a favor de pueblos indígenas de tierras bajas.
Por Hernán Ávila, Director Ejecutivo del CEJIS