No hay Revolución Democrática sin participación del pueblo
La denominada Revolución democrática está cada vez más lejos del ciudadano/a común, de sus esperanzas y sus posibilidades de ejercer plenamente sus derechos constitucionalizados. El Estado Plurinacional, responsable de garantizar la protección de todos los derechos humanos y el acceso efectivo a la justicia, a través de medidas eficaces para promover la construcción de una sociedad democrática, abierta y libre para pensar, expresarse y actuar, viene dando señales contrarias que profundizan la polarización social y exacerban la repetición de agresiones y amenazas contra la sociedad en su conjunto.
El escenario de conflictividad generado por la promulgación del nuevo Código del Sistema Penal boliviano, Ley 2005 de 15 de diciembre de 2017, evidencia el debilitamiento del pacto social logrado el 2009 con la aprobación de la nueva Constitución Política del Estado, y la “debida diligencia” con la que está actuando el gobierno para asegurar el control del aparato estatal y la dinámica social, penalizando el derecho que todo ciudadano/a tiene “a la libertad de reunión y asociación (Artículo 21) y …a participar libremente en la formación, ejercicio y control del poder político, directamente o por medio de sus representantes, y de manera individual o colectiva. (Artículo 26).
Esto supone la transformación del poder, del modo de relacionamiento de éste con la sociedad y reconocer al pueblo como protagonista de su historia. Se trata de entender que la política es tarea de todos quienes luchan por construir un tipo de sociedad con un modo de vida radicalmente diferente, humano, solidario, ético.
La política proyectada hacia la construcción de objetivos comunes, debe reconocer esta realidad y sobre la base de la participación político-social de la sociedad civil, concentrar esfuerzos hacia la construcción de las articulaciones y las herramientas necesarias para hacer posible que el anhelo de la transformación de la sociedad, sea una realidad.
Preocupa, en ese sentido, la constante amenaza a los Derechos Humanos y el retroceso de los derechos civiles y políticos en Bolivia. Específicamente, la movilización social que demanda, desde distintos sectores sociales, la derogación de determinados artículos de la nueva norma penal, así como su abrogación, refleja la falta de coherencia y congruencia del texto en su conjunto, que más allá de haber seguido el procedimiento legislativo aplicable, carece de legitimidad.
Dicha norma, refleja la poca voluntad política por parte del Gobierno, de reconocer y entender a la sociedad civil como legítimo actor político en el proceso de toma de decisiones, sin respetar que la soberanía reside en el pueblo, tal cual lo establece el artículo 7 de la Constitución Política del Estado.
El derecho penal en su naturaleza es sancionador y no constitutivo, vale decir que recibe bienes jurídicos, pero nunca los crea. Todos los bienes jurídicos que el orden penal debe contemplar a través de la tipificación de delitos no deben ir nunca en contra de los bienes jurídicos protegidos por la Constitución. Desde esta perspectiva, el nuevo Código del Sistema Penal muestra una marcada falta de apego a las garantías constitucionales, por lo cual su aplicación al no supeditarse a la norma constitucional, implicará, consecuentemente, la ruptura de la legalidad y la imprevisibilidad de las sanciones, dejando a la ciudadanía en inseguridad jurídica e indefensión, sujeta al arbitrio de los operadores de justicia y del poder político.
Considerando que la desnaturalización del poder punitivo pueda tener como consecuencia arrasar con el propio derecho constitucional, la nueva norma penal en Bolivia debe ser reconstruida sobre la base de la Constitución y de la participación plural efectiva, precautelando los bienes jurídicos protegidos por ella. La Constitución y el deber de tutela de sus bienes jurídicos reconocidos, implica perder todo vínculo con intereses político-partidarios, y eliminar la posibilidad de que tenga valor sólo aquello que un gobierno lee en el contexto como importante.
Las expresiones sociopolíticas de participación que hoy vivimos, nuevamente cuestionan profundamente las formas tradicionales de representación política que sostienen y justifican la subordinación de la ciudadanía a orientaciones provenientes «de arriba», ajenas a su participación y decisión.
En ese sentido, lamentamos que las formas de representación no estén construidas sobre la base de la participación plena desde abajo, de todos y cada uno/a de los representados/as. El “mandar obedeciendo» en realidad, no es mandar, sino cumplir y hacer cumplir las decisiones discutidas y asumidas con la participación directa y plena de todos los ciudadanos/as.
Igualmente lamentamos que la representación política oficialista y de oposición, dentro la Asamblea Legislativa Plurinacional, no haya cumplido responsablemente su rol, asumiendo medidas oportunas para frenar el proceso de aprobación de la referida norma, poniendo en agenda pública y advirtiendo al pueblo boliviano sobre los alcances negativos que la vigencia del Código del Sistema Penal supone.
Por tanto, para acortar distancias entre representantes y representados, es vital democratizar todos los ámbitos de organización de los actores sociopolíticos, impulsar la participación consciente de todos y cada uno de ellos en interacción con la realidad socioeconómica nacional, el proceso y la profundidad de las transformaciones históricamente demandadas por el pueblo boliviano.
Hemos aprendido que nada cambiará repentinamente al final del camino, si no hay acumulación de nuevas prácticas democráticas, participativas y éticas coherentes y constantes en las relaciones entre la llamada sociedad civil y la sociedad política; que es urgente devolverle la cualidad política propia e independiente de los ciudadanos/as con plenos derechos a decidir su destino además de construirlo.
El ciudadano/a reivindicativo/a, el de la marcha, la huelga de hambre, el bloqueo de carreteras, es capaz de actuar sin intermediarios políticos y sus partidos, frente a la imposición de una norma penal no consensuada previamente, no debatida ampliamente y poco respetuosa con el pacto social que representa la Constitución Política del Estado.
Por todo lo expuesto, las Instituciones Asociadas a UNITAS:
Demandamos la abrogación del Nuevo Código del Sistema Penal y la consecuente instauración de un proceso de diálogo político plural inclusivo e incluyente, para construir una norma que garantice imparcialidad, eficiencia, independencia, probidad, equidad y celeridad en la sanción de los delitos y se asegure, por todos los medios que sea posible, el acceso efectivo a la justicia.
Exigimos se ponga fin a todas las formas de criminalización y penalización del ejercicio de los derechos de asociación, expresión, reunión y protesta social.
Por el respeto a la democracia, a la institucionalidad pública y de las organizaciones sociales, y por la garantía de los Derechos Humanos,
CEDLA, CENDA, CEJIS, CER-DET, CIAC, CIDEM, DESAFIO, DNI-B, Fundación Social URAMANTA, IICCA, INDICEP, ISALP, MUJERES EN ACCION, PIO XII, PROMUTAR, SEMTA.
UNION NACIONAL DE INSTITUCIONES PARA EL TRABAJO DE ACCION SOCIAL
La Paz, 17 de enero de 2018