“LA INDEPENDENCIA DE BOLIVIA Y LOS DERECHOS HUMANOS”

Defensoría del Pueblo, 12 de agosto 2015.- Al conmemorar los 190 años de la creación de Bolivia y recordar el día internacional de los pueblos indígenas, consideramos necesario reflexionar de manera honesta y serena sobre los avances y los desafíos para fortalecer los principios que decidimos, y recordar las promesas que recibimos al crearse el Estado Plurinacional que, fundamentalmente define que: “La nación boliviana está conformada por la totalidad de las bolivianas y los bolivianos, las naciones y pueblos indígena originario campesinos, y las comunidades interculturales y afrobolivianas que en conjunto constituyen el pueblo boliviano”.

Nos gratificamos por los grandes avances en materia de derechos, especialmente los referidos a la disminución de la pobreza extrema, lo que se expresa como mejora en las condiciones de educación, salud, vivienda, acceso a servicios básicos, comunicaciones, obras de infraestructura urbana, trabajo, etc., además de la distribución creciente de bonos condicionados que, benefician directamente a cientos de miles de bolivianas y bolivianas en todo el país. Sin embargo, debemos entender con mucha responsabilidad que, estas cifras suelen invisibilizar aspectos muy preocupantes de desigualdad entre las ciudades, el área rural y los territorios indígenas; entre regiones e incluso entre poblaciones. Para los derechos humanos, son tan importantes las cifras que dan cuenta del avance cuantitativo, como los datos cualitativos de esos indicadores. La incontrastable realidad nos muestra que, aún tenemos graves problemas en cuanto a la calidad y el acceso a la salud. Todavía seguimos teniendo las cifras más altas de mortalidad infantil o materna en la región y, aunque se están realizando esfuerzos para mejorar, aún hay infantes que, mueren en los hospitales por falta de insumos, equipos o atención especializada; de hecho ni siquiera tenemos hospitales de tercer nivel en todas las capitales de departamento, mucho menos en provincias o municipios rurales. Todavía tenemos hospitales que, rechazan enfermos por falta de camas; siguiendo esa línea, la salud sigue siendo una mercancía, y carecemos de capacidad para enfrentar a enfermedades recurrentes que, cada año azotan a las mismas regiones con los mismos resultados. Todo esto se da porque seguimos teniendo un sistema de salud basado en la filosofía curativa antes que, la preventiva. La inclusión de los saberes ancestrales en la medicina no ha pasado de ser un discurso de buenos deseos. Aunque cada año se muestran indicadores bajísimos en términos de desocupación, las ciudadanas y ciudadanos del pueblo saben que, esas cifras esconden la realidad vergonzante de la precariedad del trabajo, la inestabilidad laboral, el subempleo, la explotación, el trabajo infantil e incluso la discriminación, especialmente contra las mujeres y los jóvenes. El Estado continúa siendo el mayor empleador y el trabajo en la empresa privada, al ser mayormente informal, sigue siendo el que registra los mayores índices de vulneración de derechos laborales. Asimismo, continuamos apostando con ingentes recursos del erario público para desarrollar las grandes industrias extractivas en hidrocarburos y minería que, tienen un impacto insignificante en la captación de recursos humanos. Sin embargo, probablemente donde debemos detenernos a reflexionar seriamente y con responsabilidad, es en la adscripción y el cumplimiento de los derechos políticos y civiles establecidos en la Constitución Política, ese pacto histórico que creó al Estado Plurinacional y que define con claridad meridiana que, este nuevo Estado se basa en principios ético-morales y “se sustenta en los valores de unidad, igualdad, inclusión, dignidad, libertad, solidaridad, reciprocidad, respeto, complementariedad, armonía, transparencia, equilibrio, igualdad de oportunidades, equidad social y de género en la participación, bienestar común, responsabilidad, justicia social, distribución y redistribución de los productos y bienes sociales, para vivir bien”. Asimismo nos señala que, “son fines y funciones esenciales del Estado constituir una sociedad justa y armoniosa, cimentada en la descolonización, sin discriminación ni explotación, con plena justicia social, para consolidar las identidades plurinacionales y garantizar el bienestar, el desarrollo, la seguridad y la protección e igual dignidad de las personas, las naciones, los pueblos y las comunidades, y fomentar el respeto mutuo y el diálogo intracultural, intercultural y plurilingüe”. No hacen falta profundos análisis para evidenciar que, muchos de estos principios, valores, fines y funciones todavía son declarativos y en muchos casos ni siquiera se los considera al momento de avanzar en la planificación del país que esperamos. Los fines de la seguridad y la protección e igual dignidad de las personas son privilegio de algunos, y su incumplimiento se evidencia con la violencia creciente y sostenida que afecta, especialmente a las niñas, las mujeres, los niños y los adolescentes. Hasta mediados de 2015 el país registra la indignante cifra de más de 30 infanticidios y 40 feminicidios, es decir el asesinato de mujeres, niñas, niños y adolescentes, tan solo por su condición de tales. La cantidad de vejámenes sexuales y hechos de violencia física y sicológica que suceden a diario, sin que ninguna institución responsable por mandato legal de enfrentarla, demuestre ningún interés por darle una solución seria y efectiva. La crisis sostenida del sistema judicial –uno de los pilares sustantivos de los derechos humanos– se vea seriamente cuestionada en ámbitos tan sensibles como la independencia, la eficiencia y la transparencia. Hace varios años que es evidente el colapso del sistema, no solamente en términos de su capacidad física y humana para responder a la demanda pública, sino fundamentalmente en la idoneidad de muchos de sus operadores que, se han convertido en mercaderes de la ley y peritos en los procedimientos, antes que en cumplidores de las normas y defensores de la justicia. No tenemos capacidad para enfrentar la situación carcelaria de hacinamiento y detención sin sentencia, y como medida desesperada, estamos optando por los juicios abreviados que, pueden estar generando graves vulneraciones de derechos humanos como la admisión de delitos no cometidos, lo que no solamente atenta contra derechos humanos universales sino que, se constituye en caldo de cultivo para a la impunidad. Es importante que analicemos los principios de la libertad y el respeto, especialmente referidos a la opinión, pensamiento y expresión. No es lo más coherente con el texto constitucional y con los principios del Estado Plurinacional que, quienes detentan el poder, reaccionen de manera tan virulenta e irrespetuosa ante las opiniones de los demás, cuando éstas son contrarias a las suyas, y se den a la tarea de hostigar a periodistas, medios de comunicación, organizaciones de la sociedad, dirigentes, analistas u otros, solamente por el hecho de pensar de manera distinta, cuestionar decisiones que, afectan el interés público o exigir respeto a las normas. Es imperioso que recordemos que, la propia Carta Magna señala que Bolivia se funda en la pluralidad y el pluralismo y no puede haber pluralismo sin oposición de ideas que, en lugar de perseguirse o condenarse, deberían valorarse, como es norma en un sistema democrático. En este mismo ámbito creemos que, una democracia sin instituciones sólidas, legítimas y creíbles, perdería una de sus bases constitutivas y se tornaría débil e inestable. Por eso, es tan importante que revisemos a conciencia la forma en que se está manejando el respeto a la autonomía de aquellas instituciones públicas que, deben garantizar el ejercicio de los derechos ciudadanos y que deben hacerlo exentas de presiones o injerencia arbitraria e interesada. Pero también es necesario analizar el respeto y garantía para que las organizaciones de la sociedad puedan llevar adelante su trabajo en libertad. Finalmente, pero no menos importante, es lo
referido a los derechos y garantías que la Constitución les reconoce a los pueblos y naciones indígena originaria campesinas, donde quizá encontramos la suma de todas las vulneraciones de derechos que, hemos señalado antes, pero de manera más cruda y evidente. Las acciones político partidarias que han generado división en las organizaciones indígenas, las decisiones que afectan de manera tan grave su derecho a la consulta y, sobre todo el irrespeto a sus formas de vida, a sus territorios y a sus recursos naturales, nos parecen mecanismos y conductas que, niegan absolutamente la plurinacionalidad, la diversidad, la dignidad, la armonía y los principios morales sobre las que el pueblo decidió que, se construya esta nueva Patria que son el «vivir bien», inspirados en el sumaj qamaña,el ñandereko,el teko kavi, el ivi maraei, el qhapaj ñaña, entre otros visiones de nuestras naciones y pueblos indígenas. La visión retrógrada y capitalista, sustancialmente opuesta a la naturaleza del Estado Plurinacional que, asume que el único objetivo del país deberá ser la búsqueda de ingresos económicos a cambio de la explotación salvaje y depredadora de los territorios donde vive la mayoría de los pueblos indígenas, no solo niega sus derechos constitucionales, sino que rechaza todo principio de respeto por los habitantes de estos pueblos que, fueron la base para la construcción del Estado Plurinacional y el argumento con que se encumbró el modelo de «desarrollo» que, hoy rige en nuestro país. Todos estos principios nos hablan de los derechos humanos que, desde nuestra lectura no pueden concebirse solamente desde la perspectiva antropocentrista y mucho menos desde la visión y la ambición de unos pocos sino que, se entienden de manera holística, como el derecho al goce integral e inseparable de los bienes materiales y espirituales de las generaciones presentes y futuras, con pleno respeto a las visiones y concepciones de los pueblos y comunidades, pero también con la conciencia que, más allá de nuestro desarrollo material, tenemos la misión de romper las ataduras del colonialismo, el sistema patriarcal y monocultural, con pleno respeto a la Madre Tierra y con la responsabilidad de garantizar a las generaciones presentes y futuras, la construcción de una sociedad que permita a todas y todos “vivir bien”. La Paz, 10 de  agosto de 2015