Aumentan los casos de COVID -19 y también los territorios indígenas amenazados por la pandemia
Hasta el 22 mayo, 46 territorios indígenas en Bolivia fueron registrados en riesgo de contagio por coronavirus, debido que se sobreponen a 23 municipios en los que se tiene casos 1.101 confirmados de la pandemia, según el monitoreo que desarrolla el Centro de Planificación Territorial Autonómica (CPTA) del Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (Cejis).
El Ministerio de Salud reportó hasta la fecha un total de 5.579 casos positivos de COVID-19 en todo el país. De acuerdo con el reporte del CPTA, 1.101 de estos casos se registraron en estos municipios cercanos a los territorios indígenas (TIOC) correspondientes a los departamentos de Beni, Santa Cruz, Tarija, Cochabamba y Chuquisaca.
En el caso de Beni, los ocho municipios donde se tienen casos confirmados de COVID-19 se encuentran cercanos a 20 territorios indígenas y tres comunidades con asentamientos indígenas; en Santa Cruz, son 10 municipios cercanos a 20 territorios indígenas; en Cochabamba tres municipios cercanos a cinco territorios; en Tarija un municipio cercano a un territorio, y en Chuquisaca un territorio cercano a un municipio.
Marco Rivero, habitante del pueblo indígena Movima (Beni), que se sobrepone al municipio de Santa Ana de Yacuma, explica que los pobladores se encuentran preocupados debido a la presencia del primer caso de COVID-19, por lo que decidieron reforzar el control en los ingresos al territorio.
“Por el descuido de los controles es que se ha entrado este señor (portador del COVID-19) de Guayaramerín y ahora los pobladores de Santa Ana se encuentran preocupados con esta situación. Ahora es ponerse a un cuidado personal, al menos aquí en la tranca tenemos que tener un control comunario como en el cuidado de pueblo para que no entren personas con enfermedades”, explicó Rivero.
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12 pueblos indígenas en situación de alta vulnerabilidad se encuentran amenazados
De acuerdo con los datos recopilados por el CPTA-Cejis, son 1.051 casos positivos de coronavirus próximos a los territorios de los pueblos indígenas Ayoreo, Yuracaré – Mojeño (Santa Cruz), Yuqui, Yuracaré, (Cochabamba y Santa Cruz), Cabineño, Canichana, Chacobo, Pacahuara, Chimán, Tsimane, Sirionó (Beni) y Weenayek (Tarija). Estos pueblos se encuentran catalogados como colectividades en alto grado de vulnerabilidad y están protegidos por la Ley N° 450 de Protección a Naciones y Pueblos Indígenas Originarios en Situación de Alta Vulnerabilidad.
La norma establece que para estos pueblos que se encuentran en peligro de extinción, aislamiento voluntarios o forzado, no contactados o en contacto inicial, o poseen una forma de vida transfronteriza, el nivel central del Estado debe activar mecanismos de prevención el ámbito de salud, tales como la ejecución de estrategias particularizadas y contextualizadas, además de la precautelar la soberanía alimentaria a través del control de la caza y pesca ilegal en sus territorios, entre otras medidas.
“Ninguna de estas medidas han sido implementadas durante el periodo de cuarentena; más al contrario, el gobierno nacional promulgó el Decreto Supremo Nº 4229 que permite el desarrollo de actividades mineras y agrícolas en territorios indígenas, como una medida para reactivar la actividad económica; sin establecer ningún protocolo que garantice la seguridad y la salud de los pueblos indígenas”, explica el director ejecutivo del Cejis, Miguel Vargas.
El viernes, las autoridades municipales y sanitarias de Macharetí confirmaron tres casos positivos de COVID-19 entre los trabajadores del pozo exploratorio Sipotindi X1, que se encuentra en este territorio; pero estos datos no habrían sido reportados a los Sedes de Chuquisaca ni de Santa Cruz. Asimismo, mediante un voto resolutivo exigieron a la empresa la cesación de sus actividades y el repliegue de sus trabajadores, tomando todas las medidas de bioseguridad pertinentes. El municipio de Macharetí se sobrepone al territorio indígena guaraní Ñankaroinsa-Karandaití.
El Director Ejecutivo del Cejis indicó que, a pesar de contar con un marco constitucional y legal que ampara a los pueblos indígenas en situación de alta vulnerabilidad en particular y al conjunto de comunidades indígenas que habitan el país y durante los dos meses de cuarentena, el gobierno nacional no ha desarrollado políticas con respuestas estructurales para atender las demandas de los pueblos indígenas para hacer frente a la crisis sanitaria, situación que aumenta la situación crítica que viven.