Después de 12 años de una larga marcha por la autonomía indígena de base territorial, las mujeres y hombres Monkoxi de Lomerío (Santa Cruz), los buscadores del Nuxianká Uxia Nosibóriki (la libertad y el vivir bien), en ejercicio de la libre determinación, el 4 de diciembre pasado decidieron aprobar su Estatuto Autonómico aplicando sus normas y procedimientos propios.
El viernes 25 de septiembre, la justicia constitucional faltó a su rol de protección a los derechos y las garantías constitucionales al denegar la Acción Popular presentada en contra de los efectos de la aplicación de los decretos transgénicos Nº 4232 y Nº 4238.
El 10 de marzo de 2020, el Ministerio de Salud reportó el primer caso positivo de COVID – 19 en Bolivia. Desde entonces, varias han sido las medidas asumidas por el Estado boliviano: se han promulgado dos leyes y 17 decretos supremos desde el nivel central, así como otras normas en el ámbito subnacional; sin embargo, con relación a los pueblos indígenas estas medidas tienen una característica común: la exclusión de sus demandas y problemáticas, lo cual agrava la situación de vulnerabilidad, llegando a poner en riesgo su vida al punto del etnocidio.
La autonomía es un derecho que históricamente los pueblos y naciones indígenas han reivindicado. Es una aspiración de larga data y una lucha legítima, que en la actualidad enfrenta una serie de trabas jurídicas y administrativas, que obstaculizan el camino hacia el ejercicio de la libre determinación.
La presencia de los pueblos indígena en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) se encuentra de alguna manera garantizada, a través de las 7 circunscripciones especiales indígenas. Como resultado de la vigencia del Estado Plurinacional Comunitario que respeta e incluye en la estructura estatal a los pueblos indígenas con sus sistemas democráticos de representación para la conformación de los órganos públicos de poder.
