Desde que se conocieron los primeros casos de Covid-19 en Bolivia, en marzo de 2020, la ciudadanía ha tomado diversas medidas para prevenir el contagio de virus. Los pueblos indígenas –donde el sistema de salud es aún más frágil– no han sido la excepción; ante este contexto, ellos han retomado con más fuerza su medicina tradicional, la cual proviene de la misma naturaleza con la que están en contacto.
El Órgano Deliberativo de la Nación Cavineña, en Beni, comenzó este lunes la sesión en la que prevén revisar y aprobar cada uno de los 82 artículos que componen su proyecto de estatuto autonómico indígena, para luego enviarlo al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) para el control de constitucionalidad.
Las ocho subcentrales y cabildos indigenales que conforman la Central de Pueblos Étnicos Mojeños del Beni (CPEM-B), emitieron una serie de mandatos para sus asambleístas departamentales, donde, entre otros, les demandan desarrollar una propuesta para que los pueblos indígenas tengan una mayor representación en el legislativo, y sea incorporado en el proyecto de estatuto autonómico departamental que fue presentado al Tribunal Constitucional Plurinacional.
Las ocho subcentrales y cabildos indigenales afiliadas a la Central de Pueblos Étnicos Mojeños del Beni (CEPM-B) eligieron por unanimidad y normas y procedimientos propios a Fermín Cayuba, del pueblo Mojeño-trinitario, como su nuevo presidente, además de su directorio a quienes otorgaron 11 mandatos vinculados a la vida orgánica de las comunidades indígenas Mojeño-ignaciana, Mojeño-trinitaria, Chimán, Yuracaré y Movima.
Las ocho subcentrales y cabildos indigenales afiliadas a la Central de Pueblos Étnicos Mojeños del Beni (CEPM-B) eligieron por unanimidad y normas y procedimientos propios a Fermín Cayuba, del pueblo Mojeño-trinitario, como su nuevo presidente, además de su directorio a quienes otorgaron 11 mandatos vinculados a la vida orgánica de las comunidades indígenas Mojeño-ignaciana, Mojeño-trinitaria, Chimán, Yuracaré y Movima.
Las centrales que integran la Organización Indígena Chiquitana (OICH), en Santa Cruz, se declararon en estado de emergencia ante el constante avasallamiento de tierras que estarían sufriendo las comunidades de las cinco provincias en las que se encuentran.
Los asambleístas indígenas del departamento del Beni, Bertha Vejarano y Jorge Añez, denunciaron que los representantes de las organizaciones paralelas convocaron a una asamblea extraordinaria, para este jueves 10 de junio, a fin de ratificar y/o cambiar a las y los asambleístas electos por las cinco organizaciones que representan a los 18 pueblos indígenas que habitan en el departamento. La mañana de este jueves, la asamblea fue suspendida por los mismos convocantes.
Las 29 comunidades que conforman la Central Indígena de Comunidades Originarias de Lomerío (CICOL), en Santa Cruz, eligieron a través de sus normas y procedimientos propios a Anacleto Peña Supayabe como el nuevo Cacique General de la organización, además de un nuevo directorio a quién dieron el mandato de continuar con las acciones desarrolladas hasta el momento, en especial con el proceso de consolidación de la autonomía indígena de base territorial.
A través de un acta de acuerdo, las autoridades del Territorio Indígena Multiétnico (TIM I), en Beni, demandaron a los representantes de la empresa china CCCC, que se encarga de la construcción del tramo de la carretera San Borja – San Ignacio de Moxos, subsanar el desmonte y la contaminación que estarían ocasionado en la comunidad Palmar de Aguas Negras, del pueblo Yuracaré, donde se encuentra asentado su campamento.
El presidente del TIM I, Rolin Salvatierra, explica que, a través de distintos votos resolutivos, las comunidades de este territorio indígena demandaron al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), Asamblea Legislativa Plurinacional, Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras y al Viceministerio de Autonomías dar viabilidad a los trámites para consolidar su gobierno indígena.
